Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

"No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia"

(Montesquieu)

Las fuerzas políticas inmovilistas, conservadoras, plantean (ante la falta de otros argumentos de más peso) si estamos en el momento adecuado de emprender grandes cambios. Plantean si es el momento justo, con la crisis que nos azota, de revolver los cimientos de nuestro "consenso constitucional". A ellos habria que decirle que en chino, la palabra crisis también significa oportunidad. ¿Pero oportunidades para qué? Digámoslo claro. Para la clase dominante, la oportunidad de acrecentar sus privilegios, de hacer grandes negocios especulativos, de acumular más riqueza, de imponer las decisiones políticas que más se ajusten a sus intereses. Para las mayorías, también la crisis debe suponer la oportunidad de movilizarse, organizarse y hacer una reflexión crítica y colectiva sobre el sistema político y económico, sobre la participación política, sobre la herencia social que se está dejando a las generaciones futuras. La oportunidad de construir y poner en marcha alternativas que permitan transitar hacia una sociedad más justa, igualitaria y sostenible. Esto es el Proceso Constituyente.

Y como sostiene Julio Anguita, son los actuales gobernantes, los del bipartidismo de las últimas décadas, los que se están situando al margen de la Ley, fuera de ella, ignorando derechos fundamentales, o simplemente desmantelando progresivamente derechos que ya teníamos garantizados, como el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, el aborto, una pensión digna, la alimentación, la manifestación, etc. Quien vulnera el Estado de Derecho es quien se sitúa en la ilegalidad, y justo eso es lo que llevan haciendo nuestros gobernantes durante mucho tiempo. Poco a poco, de forma limitada, tímida, pero comiendo cada vez más terreno. De ahí la necesidad del Proceso Constituyente, porque a estas alturas, ya no nos valen paños calientes. Ya no nos sirven tímidas reformas que asomen la impresión de haber cambiado algunos aspectos superficiales de nuestro marco de convivencia. Hemos de ser radicales, que quiere decir que tenemos que ir a la raíz de las cosas. Un famoso grafiti pintado en la década de los años 90 en la capital boliviana, La Paz, decía lo siguiente: "Para poder encontrarse, hay que tener el coraje de perderse". Tenemos que perdernos, tenemos que escaparnos completamente de este perverso sistema de injusticia social, de exterminio civil al que estamos siendo sometidos, y volver a reconstruir un nuevo marco de convivencia surgido de las cenizas del anterior.

Tenemos el derecho a la rebeldía ante un gobierno despótico que respeta cada vez menos derechos sociales. Caminamos hacia el más absoluto despotismo político, social, laboral, amparado en el Decreto-Ley de medidas injustas, antisociales, que desmontan los más básicos derechos humanos a los que todos somos acreedores. La Constitución Francesa de 1793, elemento clave del racionalismo ilustrado, ya planteaba el derecho a la insurrección (Artículo 35: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”). Hasta John Locke, considerado padre del liberalismo moderno, establece que la autoridad del Estado se sostiene en los principios de legalidad y respeto de los Derechos Humanos. Esa autoridad deja de ser legítima si deja de asegurar los derechos naturales. En su Tratado sobre el gobierno civil (1690), defiende el derecho a la rebelión señalando que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder arbitrario, entonces, maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre dispuesto a quitarse de encima esa carga.

Pues bien, hoy en día el sistema vigente, amparado en la manida Constitución, esa a la que dedican cada 6 de Diciembre a honrarla y recordarla, nos está privando de nuestros derechos más fundamentales. Nos están arrebatando nuestras viviendas (desahucios), nuestra educación (disminución de profesorados, tasas y fin de las becas), nuestra sanidad (disminución de personal, cierres de hospitales y servicios de urgencias), nuestros derechos sociales (liquidación de la ley de dependencia), nuestras libertades públicas (represión de las manifestaciones, sistemas de vigilancia), nuestros derechos laborales (seis millones de parados, congelaciones y disminuciones salariales, facilidades para los despidos, precariedad laboral, empobrecimiento de las pensiones), nuestra justicia (implantación de tasas abusivas, privatizacion de algunos servicios judiciales), nuestro medio ambiente (privatización de bosques y recursos naturales, desmontaje de sistemas de energia natural), y un larguísimo etcétera. Nos privan de dichos derechos, mientras continúan hablando en nombre del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar.

Nos dicen que ya no son sostenibles. Lo que no es sostenible es este régimen, este sistema cruel e indecente, que va dejando por el camino cada vez más personas abandonadas a su suerte. La tremenda corrupción, los escandalosos recortes, los rescates a la banca mientras a la población se le expolian todos sus recursos, los millones de parados, las privatizaciones de todas las empresas públicas, la nueva reforma del Código Penal, la pérdida de todos los derechos de los trabajadores, la quinta subida de la luz, las preferentes, los deshaucios, el desmantelamiento de la ciencia y de la cultura, el desmontaje de la dependencia, las personas que buscan en la basura algo para comer, los miles de niños que sólo realizan una comida al día...¿queda algo que hayan tocado y no lo hayan hundido?

Y como muy bien nos indica Pascual Serrano: "No hace falta ser Lenin ni Rosa Luxemburgo para llamar a la rebelión. Los inspiradores de la Ilustración, los que redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, los sacerdotes del siglo XVI y los filósofos liberales hoy estarían sumándose al levantamiento. Al otro lado están los miserables que se escandalizan cuando nos atrevemos a expropiar dos carritos de supermercados. Es hora de que cada uno decida en qué bando se sitúa". Pero todo esto lo extrapolamos también a la Europea del Euro, en la que estamos insertos desde hace más de una década, y que no ofrece ninguna salida. En los países de nuestro entorno tenemos aún más neoliberalismo despiadado, más auge de la extrema derecha, y más Troika dictando las medidas que tenemos que implementar, justo para seguir empobreciéndonos, a costa de que los ricos cada vez lo sean más. Por eso necesitamos el Proceso Constituyente, porque hay que romper con todo este demencial tinglado. Continuaremos en siguientes entregas.

Hemos conocido estos días dos noticias consecutivas que nos llamaron mucho la atención. Por la mañana se producía la noticia positiva: el Tribunal Superior de Justicia de Valencia declaraba nulo de pleno derecho el ERE de más de 1.100 trabajadores que había ejecutado la Dirección de Canal Nou (Canal 9), el canal de televisión autonómico de la Comunidad Valenciana (TVV). Los trabajadores lo festejaban, pues la Justicia les había dado la razón en su lucha contra la déspota dirección del ente televisivo. Pero la alegría no duró mucho, pues en esa misma tarde, en reunión de urgencia con el Gobierno de la Comunidad, se decretaba el cierre del canal autonómico, dejando en la calle no sólo a aquéllos a quienes el ERE inicial había afectado, sino a las aproximadamente 600 personas que aún quedaban en plantilla. Al día siguiente, el Presidente Fabra declaraba que el cierre era "innegociable". 

En resumidas cuentas, otro cierre empresarial más, que se suma a los de FAGOR, FLEX, ROCA, PANRICO, y muchas otras empresas que vienen cerrando sus puertas y su actividad en las últimas semanas/meses. Pero este caso del Canal 9 es especialmente sangrante: en el Comunicado que emitió el Gobierno de la Comunidad, y en sucesivas entrevistas con sus dirigentes, se dio lo que para ellos es un argumento fundamental: la continuidad del Canal Nou es inasumible, ya que mantener a una plantilla de 1.700 personas costaría al año unos 72 millones de euros...¡¡72 millones de euros!! ¡Y éste es el gran problema! No me explico cómo pueden dar estos argumentos, y después dormir tranquilos, salir a la calle con la cabeza alta, y continuar presidiendo un Gobierno. O sea, que la Comunidad Valenciana no se puede permitir el lujo (según ellos) de sostener a una plantilla de 1.700 trabajadores, que realizan un servicio público, todos ellos profesionales, con sus respectivas familias, con sus respectivas terceras empresas que viven de dicho medio de comunicación, por un problema de 72 millones de euros.

Es decir, que Valencia no tiene 72 millones de euros para dedicarlos a su televisión, y por ello pone a sus trabajadores de patitas en la calle. No hay tanto dinero para tanta televisión autonómica. No se lo pueden permitir. Sencillamente cruel e indignante. Y sería igualmente indignante si se tratara de Castilla-León, La Rioja o Canarias, pero es que en Valencia resulta especialmente indignante. Porque si alguna Comunidad Autónoma puede declararse como el paradigma de la corrupción, los despropósitos, la mala gestión, las obras faraónicas y el despilfarro, ésa es sin duda ninguna la Comunidad Valenciana. Y es que el cúmulo de barbaridades llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana y algunos de sus Ayuntamientos y sus dirigentes resulta especialmente brutal e impresionante, y han sido los auténticos causantes de llevar a la completa ruina a toda la Comunidad, y a sus ciudadanos al conjunto más exigente de recortes, para poder hacer frente a los desmanes de sus gobernantes. Comenzando por el Aeródromo de Castellón, construido por el mafioso Carlos Fabra, procesado actualmente, y continuando con el deficitario Parque de Atracciones Terra Mítica de Benidorm, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuyo coste el Tribunal de Cuentas regional cifró en 1.300 millones de euros, y el "Hollywood" alicantino de Ciudad de la Luz. Todas ellas consideradas infraestructuras a día de hoy infrautilizadas y con elevados costes de mantenimiento. Pero no disponen de 72 millones de euros para hacer frente a Canal 9. Es inasumible.

Constituyen la Comunidad Autónoma con mayor número de imputados por corrupción por metro cuadrado de Parlamento regional, ya que durante todos estos años, la gestión de lo público por parte de la Generalitat ha sido temeraria, indecente y lamentable. Y no sólo ellos, sino que hay un montón de políticos de la región inculpados por presuntos delitos fiscales, tráfico de influencias, cohecho, etc., ilustrando una cultura y un modo de entender la política que durante la última década alimentó tremendos excesos y millones de folios en investigaciones por supuestas ilegalidades. Pero claro, no hay 72 millones de euros para pagar a los profesionales que mantienen el canal autonómico de televisión. Es insostenible mantener una plantilla de dicho tamaño, nos dicen.

Estamos hablando de la misma región que en otro tiempo presumía de ser un referente de modernidad y prosperidad, a costa de firmar proyectos con el Instituto Nòos del yernísimo real, que albergó orgullosa la exclusiva Copa América de Vela o que es vista en todo el mundo por el costoso circuito urbano de Fórmula Uno, pero que a su vez obliga a pasar frío a los alumnos en colegios públicos, mantiene aulas públicas sin calefacción por falta de pago, acumula retrasos multimillonarios en el pago a proveedores, y ahora tiene la indecencia de aplicar las más duras recetas de austeridad y recortes a la ciudadanía, y se ve obligada a dejar obras inacabadas. De hecho, son pioneros en toda España en lo que se refiere a procesos de privatización de la sanidad pública, como el Modelo Alzira, o en el rescate de entidades financieras quebradas, como la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) o el Banco de Valencia. En fin, la barbarie neoliberal no tiene límites: cierre de servicios públicos, trabajadores en el paro o en la más absoluta precariedad, y todo para el gran capital. Suma y sigue, aún no hemos terminado.

El tema de la cultura energética y de la política en este sector está cada vez más en el candelero, pues una de las grandes facetas de esta crisis que estamos viviendo, ya lo hemos comentado en muchos otros artículos, es también energética. Vamos a profundizar un poco más en esta breve serie de artículos en los diferentes frentes que tenemos abiertos con respecto a este tema. Necesitamos cambiar el irracional modelo actual por otra forma sostenible y democrática de cultura energética, ya que el actual modelo, basado en la explotación intensiva e irresponsable de las fuentes de energía, y que ha hecho posible el desarrollo capitalista, llega a su fin por el agotamiento de los recursos fósiles, la competencia por los mismos, su mayor coste y los nefastos efectos ambientales provocados por un sistema ecológicamente insostenible.

En el caso español, las consecuencias se agravan por la fuerte dependencia exterior de nuestro sector energético, y por el mantenimiento a toda costa de un modelo irracional e ineficiente, que sólo beneficia a las grandes transnacionales, mientras se olvida de los enormes costes económicos, humanos y medioambientales que conlleva. Estamos pues obligados a un cambio radical, ya que la salida de la actual crisis pasa también por construir una nueva cultura energética, que permita otro modelo productivo, una alternativa sostenible basada en las energías renovables, y una democratización de los recursos. Vamos a centrarnos en los pilares fundamentales de la última reforma energética propuesta por el Gobierno, donde se constatan claramente las tendencias. La idea base la expresa muy bien Cote Romero, en su artículo "La reforma energética contra todos": "La reforma energética que está promoviendo el gobierno debemos enmarcarla dentro de esta lógica, porque resulta que la energía, más que en ningún otro sector, la tecnología hace posible cuestionar radicalmente esta tendencia hacia la concentración. Es el flanco débil de la estructura construida por los poderosos. Por una simple razón, es difícil que un pequeño taller textil pueda competir en costes con la producción globalizada, masiva y explotadora de las grandes cadenas de moda. Pero, en el mundo de la energía resulta que para el consumidor, un modelo distribuido de producción y consumo basado en el uso eficiente de la energía, en el ahorro y en las tecnologías renovables (en las que la materia prima es gratuita) es más barato que el modelo centralizado".

De ahí el interés del poder económico en neutralizar cualquier otro modelo energético que rompa con esta tendencia, por muy positivo que resulte socialmente considerado. El acoso del gran oligopolio eléctrico al mundo de las energías renovables es feroz, y tienen de su lado a su lacayo, el poder político, que les prepara muy bien el terreno. De ahí que la reforma del sector que se está llevando a cabo por el gobierno, sea al dictado de la patronal UNESA, y que sean éstos los únicos que salen indemnes frente a los sacrificios que la nueva normativa exige al resto de los agentes: consumidores, contribuyentes y productores de energías renovables. En nuestro país tenemos un mercado energético distorsionado y opaco, que oculta mecanismos perversos de ayudas encubiertas a las grandes eléctricas y a los grandes consumidores. Pero se han encargado de hacer creer a la opinión pública que el origen de éste son las primas de fomento a las energías renovables. Desgraciadamente, hay que ser experto para entender que esto no es así, no obstante el escándalo es ya tan manifiesto que la ciudadanía empieza a ver que aquí hay gato encerrado.

En cuanto a la factura de la luz, lo que se ha hecho básicamente ha sido incrementar la parte fija de la misma (la que refleja los supuestos costes del sistema), marcando una tendencia hacia la tarifa plana, decrementando el peso de la parte de la factura que regula el nivel concreto de consumo energético. Esta medida penaliza al consumidor que ahorra energía y hace un uso eficiente de la misma, pero además es tremendamente injusto, contemplando el creciente nivel de pobreza energética que tenemos en nuestro país, con cada vez mayor número de personas que no pueden costearse mantener su casa caliente en invierno. La auténtica motivación de esta estrategia es desincentivar a los ciudadanos que instalen en el ámbito doméstico plantas de generación de energías renovables. El objetivo por tanto es impedir el desarrollo del autoconsumo energético, y que esto tenga un reflejo en la factura de la luz. Por la energía que se produce y que se va a autoconsumir sin pasar por la red, se impone un peaje de respaldo, término acuñado por Iberdrola, para costear los pagos por capacidad, es decir, para sufragar a las plantas privadas de ciclo combinado de gas.

Y una vez más, las energías renovables son las grandes víctimas del sistema. Las grandes corporaciones, agrupadas en la Patronal UNESA, han desplegado todo su poderío e influencias para expulsar a la competencia del mercado, y verter a la opinión pública todo tipo de infundios sobre el mundo de las energías limpias y sostenibles. De ahí que el parque renovable existente vuelva a sufrir recortes económicos de manera retroactiva. Dejan de ser retribuidas conforme a una prima aprobada en normas anteriores para ser retribuidas a precio de mercado más un complemento a la inversión. En última instancia va a suponer un recorte significativo e injusto de los ingresos que el BOE se comprometió a pagar a los que apoyaron con su dinero la producción limpia de electricidad. Parece, pues, que para este Gobierno y para el nido de buitres que representan al oligopolio eléctrico en nuestro país, los dos grandes desafíos que como sociedad debemos enfrentar, en cuanto a generación y consumo de energía se refiere, como son el cambio climático y la escasez de combustibles fósiles, no fuera con ellos, ni tuviese nada que ver con nuestro actual modelo energético, más depredador e injusto que nunca.

En fin, sólo nos queda actuar, como en tantos otros ámbitos de esta bárbara sociedad que están construyendo, desde la iniciativa popular y ciudadana. No esperemos mucho más de este Gobierno, fiel aliado del gran capital, con grandes puertas giratorias para cargos que se mueven a su antojo desde el sector público al privado, y que se cocinan en la trastienda los nuevos pactos y tratados que les blindan su impunidad y su poder ante la ciudadanía. Desde septiembre de 2012 existe la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, cuyo objetivo fundamental es fomentar una nueva cultura de la energía más sostenible y respetuosa, apoyando a los sectores renovables, y a las cooperativas de energía verde que están surgiendo por todo el territorio, y facilitar a los ciudadanos la posibilidad de apoyar con microparticipaciones los proyectos de energía limpia que se ponen en marcha. Continuaremos en siguientes entregas.

Después de los dos primeros artículos de esta serie, parece claro que tenemos que solucionar de una vez por todas la deficiente normativa que existe hoy en día en torno a la protección del mundo animal, ya que las escasas leyes vigentes son leyes de mínimos, leyes insuficientes, que de ningún modo contemplan una protección integral de la vida y de los derechos de los animales en nuestro país. Dicha nueva Ley debe establecer, a la vista del panorama expuesto en las anteriores entregas, unas normas generales de protección y de regulación específica, que vayan más allá de las dirigidas a los animales domésticos y de compañía. En ese sentido, necesitamos una mayor regulación de las actividades agropecuarias para limitar al máximo el sufrimiento animal, y necesitamos erradicar los métodos execrables que se emplean en la cría de ganado y en las explotaciones avícolas, tales como la alimentación forzada, el crecimiento en condiciones de encierro permanente, la inmovilidad, o los mataderos irrespetuosos con las normas de abatimiento de los animales.

Necesitamos, ya se ha comentado, una oposición legal, oficial, al nivel más alto del Estado, y en todas sus Administraciones, hacia todos los espectáculos que suponen un trato de crueldad con los animales. Potenciar la creación de Asociaciones en Defensa de los Animales. Tenemos que regular también las condiciones de transporte de los animales, para que no supongan situaciones de sufrimiento o de maltrato hacia los mismos. Necesitamos regular mejor las instalaciones destinadas al alojamiento de los animales, ya sean silvestres, de compañía o de carácter comercial, para proporcionar a los mismos un espacio adecuado para su desenvolvimiento en función de sus características biológicas. Necesitamos también promover una nueva regulación en torno a la experimentación con animales, priorizando en la misma el uso de cultivos celulares y el uso de invertebrados sobre la utilización de mamíferos, recurriendo a otras alternativas éticas, eliminar las subvenciones y ayudas directas al mundo de la tauromaquia, y dejar de sostener con fondos públicos todas las manifestaciones "tradicionales" y festejos populares donde se utilice a los animales como objeto de diversión, espectáculo o maltrato.

También debería contemplar la Ley Integral de Protección Animal la prohibición de la comercialización de animales exóticos, la prohibición de los deportes, espectáculos o actividades donde se utilice a los animales (circos, zoológicos, acuarios, etc.), erradicar los sacrificios en las perreras mediante la prohibición de la venta de animales y su sustitución por programas de adopción y esterilización, el fomento y la promoción de una educación desde la infancia basada en la transmisión de los valores del respeto y la consideración moral hacia los animales, la prohibición de las actividades de caza y pesca, el cierre de las granjas peleteras y la prohibición de la importación de pieles de especies animales, fomentar prácticas de consumo responsable, promover la creación de una opción de menú sin productos de origen animal en las Administraciones Públicas y en los centros escolares, el fomento de una agricultura ética y sostenible, y el endurecimiento de las penas por los delitos en los que intervenga el maltrato animal.

Otros aspectos interesantes pueden ser la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para desterrar de la televisión pública todos los espectáculos con animales, vengan de donde vengan, y la retirada de subvenciones y del apoyo público a los hipódromos, a los canódromos, y a las Federaciones correspondientes. La Ley debería también contemplar la creación de la figura del Defensor de los Animales, elegido por las Cortes Generales, y que a modo de Fiscal General del Estado para la causa de los animales, poseerá facultades de inspección e investigación, así como la posibilidad de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo contra aquéllas disposiciones o normativas que supongan ataques o perjuicios para los animales. Otra medida interesante sería la elaboración de un censo o registro, incluso a nivel europeo, de personas inhabilitadas para la tenencia de animales (porque hayan cometido delitos contra ellos), pudiendo tener acceso a dicho registro las protectoras, refugios, centros de protección animal y clínicas veterinarias. Hay que potenciar también la agricultura ética, que pasa por el uso de métodos de cultivo y defensa de las cosechas que no provoquen un perjuicio a los animales (aves, roedores, etc.).

También hay que conseguir la Ley se preocupe por los animales domésticos en los casos de separación o divorcio de parejas, y que estén sometidos a la misma legislación que los hijos. Hay que progresar también en la implantación de medidas que favorezcan el acceso y el viaje de animales en espacios públicos y sólo destinados a humanos, como trenes, aviones, etc. En definitiva, todo el conjunto de medidas que sean necesarias, de carácter social, ético, científico, sanitario, ecológico, etc., para conseguir una sociedad que deje atrás la violencia, una sociedad en la que perjudicar y matar a otros animales no se considere ocio, tradición, cultura, deporte, espectáculo, arte o diversión. Estamos convencidos de que no existen pretextos. Tenemos que migrar a esa sociedad. Animo desde aquí al Partido Animalista y a todas las formaciones ecologistas, verdes o de izquierda que llevan en sus respectivos programas electorales medidas de este tipo, para que entre todos, podamos algún día corregir el déficit moral que todavía arrastramos hacia el mundo animal. En el enlace http://www.pacma.es/p/81 se encuentra el último Programa Político al completo (el configurado para las últimas Elecciones Generales de 2011) del Partido Animalista, donde los lectores interesados pueden obtener más información. Por mi parte, espero haber conseguido despertar la conciencia  animalista de muchos lectores, que tengan más clara la necesidad de reconvertir nuestro mundo hacia una mirada más animalista, para hacerlo más justo, sostenible y humano.

Llevamos mucho tiempo hablando, en casi todos los Foros Internacionales, sobre todo los de pensamiento anti-capitalista, del brutal bloqueo económico que los Estados Unidos llevan realizando a Cuba desde hace más de cincuenta años. La magnitud de tal bloqueo, a pesar de ser sobrellevada y esquivada en todo lo posible por el Gobierno y el pueblo cubano, es de una envergadura terrible. Vamos a intentar en el presente artículo indagar un poquito más sobre la auténtica naturaleza de dicho bloqueo. Diremos de entrada, que el actual Presidente, Barack Obama, al igual que sus predecesores, tiene capacidad y facultades para desarmar gran parte de este proceso de bloqueo, pero no parece que las intenciones sean las de apoyar el desbloqueo. Si tuviéramos una Corte Penal Internacional con la suficiente capacidad y voluntad política, seguramente Obama y los anteriores presidentes, desde la década de los años 60 del siglo pasado, deberían responder ante tal genocidio.

Y dicha responsabilidad la extendemos también al resto de los países "socios" o "aliados", como el nuestro, que llevan riendo las gracias estadounidenses durante décadas, jaleando a la mayor potencia económica mundial, pero también a la mayor potencia genocida, que se cree aún con poderes plenipotenciarios para gobernar e imponer su voluntad al resto del mundo. No obstante, parece que últimamente su poder comienza a entrar en declive, como muy bien nos dice Noam Chomsky. Pero la verdad, en cuanto al bloqueo al país caribeño, es que no nos explicamos cómo aún sigue en pie, en pleno siglo XXI, y cuando 188 países del total de 192 representados en la ONU, han declarado su firme oposición al mismo. La ONU deja casi aislado al bloqueador único de esta barbarie económica, la más larga de toda la historia. Pero desmontemos algunas mentiras sobre el asunto.

Lo primero que hay que aclarar es que no es un embargo "bilateral", como afirma cínicamente el gobierno estadounidense. Es un bloqueo de carácter extraterritorial mediante el cual se dañan severamente las relaciones económicas internacionales de Cuba mediante amenazas y multas millonarias a terceros. Incurre por ello en una violación de la soberanía de los Estados miembros de la ONU y de su derecho a comerciar libremente, y constituye un gravísimo atentado al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas que afecta a vitales intereses de sus aliados más cercanos. Pero claro, ¿qué vamos a contar sobre cómo viola Washington la legalidad internacional cada vez que le conviene? Pero aún hay más. El bloqueo viola el Derecho Internacional por tratarse de una medida típicamente genocida según la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que se refiere a actos perpetrados “con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional étnico, racial o religioso, como tal.”

Está claro que en nuestro ámbito más cercano, que es el de la Unión Europea, debiéramos exigir a USA con carácter urgente el inmediato cese del bloqueo económico y comercial al país caribeño, y el restablecimiento de relaciones comerciales libres y transparentes, pero en vez de ello, se apoya vilmente la política de asfixia económica impuesta por el gobierno norteamericano (no es el único aspecto donde esto ocurre, piénsese en la alianza con Israel contra el pueblo palestino). La Unión Europea no puede declararse "neutral" en estos aspectos, pues declararse neutral es tanto así como reconocer el poderío del fuerte sobre el débil, legitimar las acciones de acoso y de bloqueo, de hostigamiento y de persecución ilegítima sobre todo un pueblo. ¿Podemos declararnos neutrales ante la lucha del elefante contra la hormiga? No sería ético ni humano.

En realidad, el bloqueo a Cuba forma parte de toda una política de Terrorismo de Estado que lanzó contra la isla una invasión, ya en 1961, con el apoyo del Pentágono y la CIA, y que a lo largo de las siguientes décadas ha desplegado 681 acciones terroristas más, que han costado la vida a más de 3.000 personas, y discapacidad a más de 2.000. Desde 1962 Washington preparaba una invasión directa de sus Fuerzas Armadas a Cuba, pero fue frustrada por la llamada Crisis de los Misiles. Y así, las medidas yanquis de guerra económica comienzan desde enero de 1959 cuando Washington recibe como héroes a los representantes de la dictadura de Batista que cargaron con el tesoro nacional de la isla, valorado en más de 400 millones de dólares de entonces. Con ese monumental robo al pueblo de Cuba comenzó a forjarse el gran poder económico de la contrarrevolución cubana emigrada a Miami, y ese mismo año Estados Unidos privó a Cuba de la cuota azucarera. Un memorando del Departamento de Estado norteamericano, fechado el 6 de abril de 1960, expresaba con clara elocuencia el objetivo genocida del bloqueo: “el único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento (…) debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba (…) a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

El carácter genocida del bloqueo se expresa en otros hechos criminales repetidos durante más de medio siglo, como la muerte cotidiana de cubanos de todas las edades por falta de fármacos o dispositivos oncológicos, cardiológicos y, en general, de alta tecnología -como ciertos tipos de stent utilizados en cardiología pediátrica-, que Estados Unidos se niega a vender a la isla pese a saberse el único fabricante de los mismos. Pero el bloqueo es mucho más extenso que estos ejemplos escandalosamente trágicos, y se extiende a los severos daños que cotidianamente ha infligido a millones de personas en su vida diaria durante más de cincuenta años. El bloqueo exigió un grado de imaginación y un esfuerzo sobrehumano por parte de las autoridades cubanas para sustituir de un día para otro con pura inventiva las refacciones e insumos estadounidenses del equipamiento agrícola, industrial y de servicios, y posteriormente una mudanza en tiempo récord a otras tecnologías, una experiencia con un costo económico y humano muy alto para cualquier país, cuánto más para uno pobre y subdesarrollado, al que únicamente se ha sometido a Cuba.

Es conocido que a los buques extranjeros que tocan puertos cubanos se les prohíbe ingresar a Estados Unidos durante 180 días; los productos de cualquier país que contengan más de un 10% de componentes cubanos no pueden ser vendidos al mercado estadounidense; los fabricantes de productos que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses tienen prohibido venderlos a Cuba. Hasta los programas de salud infantil de la ONU en la isla se ven afectados, pues Washington no permite que con sus fondos se adquieran críticos medicamentos y tecnología de fabricación estadounidense.  En fin, podríamos continuar, pero creo que ha quedado claro, con la exposición que hemos hecho, ayudados por el Blog de "La pupila insomne", en su artículo de Ángel Guerra Cabrera, hasta qué punto llega la criminal política de bloqueo que Estados Unidos ejerce contra Cuba. Desde la izquierda, seguiremos poniendo todos nuestros esfuerzos, en el escenario internacional, para que dicho proceso genocida y abyecto, que contribuye sólo a fomentar el odio entre las naciones, quede suspendido en el plazo más breve posible. Próximamente celebraremos las Elecciones Europeas, y un mayor balanceo hacia la izquierda en la representación del Parlamento Europeo podría conseguir una mayor presión para acabar con esta barbarie del déspota y opresor yanqui sobre el pueblo cubano.