Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Todo lo cual es, como estamos explicando, el auténtico fenómeno que explica la existencia y expansión del sistema-deuda a nivel mundial, y por supuesto, también en nuestro caso español, que estamos analizando. Y lo estamos haciendo tomando como referencia e intentando explicar la gravedad de la última reforma constitucional ejecutada por el bipartidismo, en torno al cambio del artículo 135, para asegurar desde dicho rango constitucional el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto social. Este cambio constitucional, tal como lo hemos presentado durante las últimas entregas, representa un duro golpe contra la democracia, no teniendo justificación alguna para ningún gobierno decente que se precie. Porque incluso entendiendo que los poderes supranacionales que en el fondo ordenaron el cambio (que no fueron otros que los representados por la Troika) tuvieran demasiado poder para nuestro Gobierno de turno, su Presidente (Zapatero en este caso) y todo su Gobierno en bloque deberían haber dimitido, ante la imposibilidad de llevar a cabo su programa electoral, o si se quiere, ante la obligación externa de tener que implementar medidas contrarias a su ideario. No obstante, el Presidente Zapatero cambió la Constitución, aplicó las medidas de recortes y de austeridad, consagró el pago de la deuda, no dimitió, y hoy día sigue siendo un vivo referente de su partido, el PSOE.

Pero como estamos viendo hoy día, alrededor de todo el mundo, los Gobiernos auténticamente decentes y honestos brillan por su ausencia. El caso es que este cambio constitucional sigue vigente hoy día, y además de constituir un claro precepto ilegítimo, según toda la jurisprudencia sobre el tema que hemos analizado en entregas anteriores de la serie, y además de chocar contra los preceptos de la propia Carta Magna española, contraviene a las leyes internacionales. Vamos a poner algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas (que lógicamente constituye el orden público internacional, o debería constituirlo), expresa con claridad la supremacía de la Carta sobre cualquier otro compromiso, como muy bien nos advierten Jerome Duval y Fátima Martín en su artículo de referencia, ya que el artículo 103 dice textualmente: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraidas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta". Nos encontramos por tanto ante un claro caso de ilegitimidad, que entra de lleno en los supuestos que hemos analizado en artículos anteriores. 

Por tanto, está claro que la Constitución vigente de 1978 del Estado Español ha de respetar la Carta de las Naciones Unidas (al igual que el resto de Constituciones nacionales del mundo), y ésta especifica claramente en su artículo primero: "En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia", y el cambio de nuestro artículo 135 ya referido antepone claramente el interés de los acreedores al del conjunto de la ciudadanía española, toda vez que se vulneran las reglas más elementales de cualquier Estado Democrático y de Derecho que se precie. La Constitución de cualquier Estado miembro de la ONU no puede defender, como hace la nuestra en la actualidad, una violación generalizada de los Derechos Humanos como consecuencia de políticas impuestas por los acreedores extranjeros, priorizando el reembolso de la deuda como especifica dicho apartado 135.3 que destacamos en la entrega anterior. Porque como hemos concluido en reiteradas ocasiones, las deudas contraidas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los pueblos y de los Estados, y cuya aplicación conlleva la violación de los DDHH, son ilegítimas. Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Como podemos contemplar, hasta esta sagrada Declaración legitima la rebelión contra el poder despótico y las leyes abusivas. 

Y por su parte, y según el artículo 1-2 de la Carta de la ONU y en el artículo primero, común a los dos Pactos de 1966 sobre los Derechos Humanos: "Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia". E igualmente, el artículo 2.3 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo de 1986 es incompatible con los planes de austeridad, y el referido cambio constitucional, ya que reza en los siguientes términos: "Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste", todo lo cual choca abiertamente con las políticas austericidas, con la imposición de la estricta disciplina presupuestaria, y con la obsesiva reducción del déficit público al que se nos obliga desde la Troika (FMI, BCE, CE). 

Pero sobre todo, choca abiertamente contra el continuo y progresivo desmantelamiento de todos los sistemas de protección social y del propio Estado del Bienestar, practicado expresamente (bajo la excusa de la crisis) por los gobiernos neoliberales al servicio del gran capital, manifestados en nuestro país por el bipartidismo dominante, y demás fuerzas políticas que les apoyan. Es inconcebible que en un país que se autodenomina democrático y que además presume de ello, puedan ocurrir estas barbaridades políticas, que dan lugar a los crímenes sociales que contemplamos diariamente, fruto de todas estas medidas que obedecen al dogma neoliberal. Es preciso denunciarlas ante todos los foros internacionales, y es preciso llevar a sus máximos responsables ante los tribunales, por la aplicación de estas medidas. Y ya sabemos quiénes son sus cínicos e indecentes responsables: justamente aquéllos que hoy día se llenan la boca diciendo que "las deudas hay que pagarlas", o que "la ley es la ley, y todos tenemos que respetarla". Como bien dice nuestro refranero, "se descubre antes al embustero que al cojo". En resumidas cuentas, disponemos de todo un arsenal normativo, y de toda una serie de precedentes históricos, legales y circunstanciales que legitiman al Estado para que ponga fin a las condiciones impuestas por la Troika, derogue la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, y emprenda un proceso de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que declare las partes de la misma que puedan ser ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para rechazar el pago, o bien reestructurar el mismo, en aras al respeto hacia una política social que no vulnere abiertamente los Tratados Internacionales, ni los propios Derechos Humanos. Continuaremos en siguientes entregas.

En otros muchos artículos hemos presentado la Renta Básica desde múltiples puntos de vista, relativos a su utilidad, su financiación, y sobre todo, a desmontar las infundadas críticas que se hacen contra la misma, desde los sectores de las clases dominantes, lógicamente contrarias a una medida de este calado. Pero en el presente artículo vamos a centrarnos en escenarios concretos que la existencia de una Renta Básica contribuiría a paliar, a hacer desaparecer, a extinguir, pues no tienen cabida en cualquier sociedad democrática, justa y avanzada que se precie. Antes de exponer dichos escenarios, vamos a puntualizar (porque aún se dan bastantes malentendidos sobre el tema) el modelo de Renta Básica al que nos referimos, que no es otro que el propugando en nuestro país por la Red Renta Básica (inserta en la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica). 

Pues bien, según la propuesta de referencia, la Renta Básica (en adelante, RB) consistiría en una prestación económica indefinida por parte del Estado a todos los ciudadanos por el hecho de serlo, distinguiendo lo que sería la RB completa, para adultos mayores de 18 años, y la RB para menores de dicha edad. La cuantía de dicha prestación sería la mínima imprescindible para que se erradicara la pobreza, suponiendo unos ingresos mínimos inembargables que sirvieran para el sustento mínimo de las personas, y la satisfacción de sus necesidades básicas. Podemos estar hablando, actualmente, en la horquilla entre 600 y 700 euros, y un porcentaje inferior para la RB de los menores. Las características de dicha prestación básica obedecerían a los tres siguientes pilares:

1.- Universalidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB es una prestación que recibe absolutamente todo el mundo, desde la persona más rica del país hasta la más pobre (que con la RB, deja de serlo, evidentemente). Precisamente ha sido este enfoque uno de los más discutidos y utilizados demagógicamente por los detractores de la medida, pero si analizamos profundamente cómo se financia la RB (desde una profunda reforma fiscal progresiva, aunando prestaciones económicas diseminadas, y erradicando otras que dejarían de tener sentido), comprobaremos que, aunque los ricos también la cobren, la RB no les beneficia, pero en cambio sí beneficia muchísimo a las clases populares, trabajadoras o más vulnerables. 

2.- Individualidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB se concede a las personas a título concreto, íntimo, personal e intransferible, sin tener en cuenta otros factores como las "unidades familiares", los tipos de convivencia, si existen hijos o cónyuges, o el modelo de familia al que pertenece el/la beneficiario/a en cuestión. Por ejemplo, si en una familia viven un padre, una madre, y un hijo menor, se recibirían dos RB completas y una reducida. Pero si dicha pareja se separa, el hijo se emancipa, alguno de ellos comienza a trabajar, o enviuda, entre otras múltiples situaciones, las citadas RB no se verían afectadas.

3.- Incondicionalidad: Se manifiesta esta idea en el sentido de que la RB no necesita de ningún condicionante (si acaso, únicamente la demostración de residencia por un tiempo para los migrantes) para ser adquirida, puesto que es un derecho de ciudadanía. Así, y con diferencia sobre toda la gama de prestaciones y subsidios actuales, no hace falta haber trabajado, o estar en paro durante un tiempo, o tener familiares a cargo, o haber pasado cierto tiempo desde que se cobró la última vez, y un largo etcétera de requisitos que actualmente se adscriben al cobro de dichas prestaciones. La RB se cobraría siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, en todo momento, y en toda circunstancia. Ello contribuiría, como decíamos más arriba, a que no tendríamos "subsidios para pobres", como actualmente, sino y simplemente, a que no existiera la pobreza.

Pues bien, a tenor de dichas circunstancias que rodean el concepto de la RB, vamos a distinguir (entre otros muchos, pero entonces el artículo sería interminable) cuatro escenarios típicos de nuestra sociedad, que la presencia de una RB erradicaría por completo. Por supuesto, tampoco debemos entender la RB como la panacea que vendría a solucionar todos los problemas, pero al menos, sí que contribuiría a gozar de una sociedad que ofreciera mayor dignidad a las personas. Pues bien, los cuatro escenarios (insisto, pueden distinguirse muchos más, entre ellos el más típico de todos, consistente en el parado o parada que necesita ingresos, y ya ha acabado todo el "itinerario" de prestaciones, quedándose absolutamente desamparado/a) podrían ser los siguientes:

1.- Existencia de pobres: La RB contribuiría no al soslayo ni a la reducción de la pobreza, sino a su completa erradicación, dejando de existir todos los colectivos "sin techo", sin comida, o viéndose obligados a malvivir de las limosnas que el resto de la ciudadanía tenga a bien regalarles. Dejarían de existir las clásicas estampas de gente rebuscando en los cubos de basura, o rellenando extensos formularios para "demostrarle" a la Administración competente que son más pobres que las ratas. 

2.- Pensionistas que cobran 300 euros: Como las pensiones mínimas serían también absorbidas por la RB, dejaríamos de contemplar escenarios como los pobres pensionistas que cobran pensiones de miseria (200, 300, 400, 500 euros), incluyendo a las pensiones de viudedad u orfandad, que se verían todas ellas actualizadas a la cantidad de la RB. Por supuesto, las pensiones superiores a la RB se mantendrían igual. Pero no sólo acabaríamos con el gran porcentaje de ancianos y ancianas, jubilados y jubiladas que han de hacer malabares para llegar a fin de mes, sino que por extensión, la RB también les libraría de tener que soportar las cargas de sus hijos/as o nietos/as, muchos de ellos también en situación de precariedad, que necesitan de las pensiones de los abuelos y abuelas para sobrevivir.

3.- Mujeres sin independencia económica sobre sus maridos maltratadores: Escenario éste muy típico dentro de toda la casuística de la violencia de género, ocurre cuando la mujer víctima de dicha violencia (por parte de su pareja o ex pareja), se ve en la limitación de no poder dejar la vivienda conyugal, ya que no poseen recursos económicos por sí mismas. Entiéndase bien: no estamos queriendo decir que la RB sea por sí misma una medida contra la violencia de género, ya que éste es un fenómeno muy complejo, resultado de la implantación de los valores de nuestra sociedad patriarcal, que ha de ser abolido desde numerosos frentes. Pero lo que sí decimos es que la RB sería un medida que proporcionaría a las mujeres maltratadas la independencia económica mínima que necesitarían para poder liberarse del dogal de la vivienda conyugal, independientemente de que además tuvieran o no un trabajo digno. 

4.- Contratos precarios (de días, de horas y de minutos): En efecto, y como medida anticapitalista, la RB posee un gran efecto de fortalecimiento de la capacidad negociadora de la clase trabajadora con respecto a la patronal, por lo cual, es evidente que gran parte de la precariedad que existe hoy día en los "empleos" que se crean desaparecería con la RB, pues los/as trabajadores/as no tendrían la "necesidad" de aceptar trabajos sumamente precarios, que llegan en la actualidad incluso hasta a minutos para ciertas profesiones (como las limpiadoras). Erradicaríamos también, por tanto, todas las situaciones de injusticia y precariedad en el trabajo, potenciando el trabajo digno, la estabilidad y la protección laboral. 

Hemos querido retratar, por tanto, varias situaciones típicas, escenarios concretos con nombres y apellidos, que se multiplican en nuestro país diariamente, a tenor del desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social, del empleo y del Estado del Bienestar. Pero por supuesto, la RB como medida social, política y económica es importantísima, pues concebida como un derecho de ciudadanía, exigible al más alto nivel, está relacionada con el trabajo, con la pobreza, con las mujeres, con la salud, con las migraciones, con los jóvenes, y con el propio Estado del Bienestar, entre otras muchas facetas. La Red Renta Básica ha demostrado experimentalmente que esta medida es posible, que puede ser financiada, e implantada en nuestro país, aunque para ello, como decíamos arriba, necesitamos romper la resistencia que hacia ella vuelcan las clases dominantes, divulgar y difundir la medida en todos los ámbitos políticos y sociales donde tengamos oportunidad, y desmontar y rebatir las continuas falacias que se vierten contra ella. 

En el artículo anterior de esta serie comentábamos, dentro del contexto de la necesidad de auditoría de la deuda, el caso de nuestro país, en el sentido de la reforma constitucional del artículo 135, cambiado por las fuerzas del bipartidismo (PP-PSOE) para consagrar la ineludible obligación del pago de la deuda, antes que ningún otro gasto social. En el último artículo habíamos discutido los aspectos de forma, y ahora vamos a discutir los aspectos legales. Seguimos este artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, cuya lectura recomiendo, para más información. Porque para empezar, por haber reformado de manera unilateral y sin consulta popular ni debate público nuestra Carta Magna en un asunto relevante como el que nos ocupa, el Gobierno del Presidente Zapatero violó también la propia Constitución Española, que recoge en su artículo primero, apartado 2, que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y si resulta que ahora invocan tantas veces dicha soberanía y su ruptura ante la posible celebración de un referéndum en Cataluña...¿porqué no se aludió entonces al debido respeto a la soberanía nacional?

El cambio constitucional choca también con el artículo 158, que especifica la importancia de la garantía de los servicios públicos, lo que va justamente en dirección opuesta a los recortes practicados en dichos servicios, que afectan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para priorizar el pago de la deuda. Dicho artículo se refiere exactamente a "...la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español". También tiene que ver con el artículo 128, que abre el Título VII de la Constitución, rotulado "Economía y Hacienda", y que subordina al interés general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y bajo este nuevo redactado, está claro que una gran parte de la riqueza del país (casi un tercio del PGE) va hacia afuera para llenar los bolsillos de los acreedores de nuestra deuda, léase grandes instituciones financieras, de seguros, bancarias, y grandes fortunas. De hecho, el apartado 2 del referido artículo 128 prevé "...acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", lo cual parece ser una extrema medida comunista o bolivariana. Debe ser que los padres redactores de la Constitución eran todos unos peligrosos extremistas. 

De igual forma, el artículo 131 aboga por una distribución justa de la riqueza para atender a las necesidades colectivas, ya que reza que "El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza, y su más justa distribución". Pero plantear hoy día estas cosas en cualquier debate (es decir, la intervención del Estado en la economía y en una justa redistribución de la riqueza) también resulta de extrema izquierda, de radicales y de antisistema. Bien, vayamos al nuevo redactado del artículo 135, el que fue aprobado en agosto de 2011, en un claro ejercicio de obediencia ciega a los postulados de la EuroAlemania, y a los designios del gran capital que gobierna esta Unión Europea. En su apartado 3, se dice textualmente (la mayúscula es nuestra): "El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos Y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

Un apartado servil que nos consagra a tener que depender del prioritario pago de los intereses de la deuda, aunque el país esté necesitado de implementar cualesquiera otros servicios públicos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía, y a redistribuir justamente la riqueza, como proclaman otros artículos de la Carta Magna. Nos sumamos así al carro de otros cambios constitucionales que han ocurrido en el mundo bajo los dictados y los dogmas neoliberales instaurados por el gran capital, al amparo de la presión de organismos internacionales como el FMI, que son auténticos nidos de fanáticos economistas neoliberales, que están en realidad al servicio de los intereses de la gran banca privada y de las grandes empresas transnacionales. Y así, se cambian las Constituciones para imponer un techo de déficit público, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público, pero no para cultivar realmente la importancia de dichos logros, sino para utilizar dichos objetivos como pretexto y excusa perfecta para la intervención económica de los países, con la clara meta de socializar las pérdidas de las grandes empresas deficitarias, privatizar los beneficios de las empresas rentables, e instalar toda una serie de medidas del ideario neoliberal, que implican desmantelamiento del Estado del Bienestar, precarización del mercado laboral, y privatización de los servicios públicos. Éste es el verdadero itinerario que se persigue, como podemos observar claramente tomando nuestro país como ejemplo. 

Estos principios, como muy bien señalan los autores del artículo de referencia, van justamente en dirección opuesta a otras Constituciones modernas del mundo, como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas (lo que exactamente está ocurriendo en España) o que prevé que el Estado sólo puede recurrir "...al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes" (artículo 290, párrafo 1). La Constitución ecuatoriana proclama también a la propia naturaleza como sujeto de derechos, algo de lo que también deberíamos aprender. Otro ejemplo lo tenemos en la Constitución de Bolivia, que prohíbe expresamente la privatización del agua, o la de Costa Rica, que obliga a que el gasto público en Educación no sea inferior, en ningún caso, al 8% del PIB. Estos logros han sido posibles gracias a las movilizaciones sociales, a la tremenda presión ciudadana, e incluso a la organización de una Asamblea Constituyente, como en los casos referidos de Ecuador o Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado Español impone la obligación de pagar deudas, aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco, se prevé también multar al Estado si éste no cumple con los compromisos adquiridos de déficit o endeudamiento. Pero aún tenemos otros puntos de vista muy interesantes que resaltar. Continuaremos en siguientes entregas.

Muchas veces hemos hablado del capitalismo, de sus devastadores efectos, y de sus múltiples consecuencias a todas las escalas de la vida de las personas. Hemos afirmado que el capitalismo deshumaniza, en tanto en cuanto es un sistema económico y social que basa su existencia en la constante lucha del hombre contra sí mismo. En el presente artículo hablamos sobre otro de sus productos típicos, como es la constante presencia, incluso subliminal, del odio al diferente, catalogado en los diferentes delitos que nuestra sociedad contempla. En este artículo de Actualidad Humanitaria, Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento contra la Intolerancia y Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, nos presenta una buena introducción hacia dichos delitos, que seguiremos como referencia. Pese a que no se habla de ellos diariamente en tertulias ni en programas informativos o de debate, más allá del estallido de cada caso puntual, hay que recordar que cada año se producen miles de agresiones relacionadas con este tipo de delitos, y desde principios de los años 90, se han cometido cerca de 90 homicidios racistas, xenófobos, homófobos y demás variantes de intolerancia social. 

El panorama es ciertamente preocupante, ya que según datos del último Informe Raxen, cada año en España se cometen 4.000 agresiones o delitos de odio, y apuntan a la existencia de grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades Autónomas, de la existencia de más de 10.000 ultras y neonazis en nuestro país, de la presencia de más de 1.000 sitios web xenófobos en Internet, así como de la organización de decenas de conciertos de música neofascista cada año. En la actualidad, quizá el sitio web crimenesdeodio.info, con la colaboración de Movimiento Contra la Intolerancia, sea el mejor escaparate que muestra la memoria de 25 años de olvido y desamparo institucional de estos crímenes. En su apartado de marco teórico, muy recomendable, podemos ver las diferencias que se marcan entre los diversos conceptos que pueden albergarse bajo el paraguas de los denominados como crímenes o delitos de odio, tales como la intolerancia criminal, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la disfobia, la romafobia, el antisemitismo, la islamofobia, la aporofobia, y otras expresiones de intolerancia (donde podemos incluir el odio ideológico, la intolerancia por aversión estética, o por obesidad, entre otros). Es interesante también aclarar que, en realidad, el racismo no existe como tal, pues solamente existe (como afirmara Albert Einsten) una raza, la raza humana. Nos referimos aquí, entonces, al esclavismo, el apartheid, el holocausto, la limpieza étnica o el genocidio racial. 

Como siempre, las confusiones conceptuales y terminológicas empañan un asunto tan delicado, y es menester poner un poco de orden en el caos. Para empezar, hemos de afirmar, como puntualiza Esteban Ibarra, que el delito de odio no es un delito de sentimiento. Dicha circunstancia puede acontecer a diario en toda clase de delitos comunes, y no por ello podemos catalogarlos como delitos de odio. Así, se puede sentir odio hacia la víctima de cualquier delito por motivos de vecindad, relaciones laborales, de parentesco, afectivas, y un largo etcétera de variantes que los psicólogos analizan constantemente, pero no dejan de pertenecer al acervo de delitos comunes. ¿Dónde está, pues, el "plus delictivo" que marca un delito de estas características? Pues en que además de concitar prejuicios, ideologías, doctrinas, etc., se envía un mensaje de amenaza a personas semejantes al colectivo de referencia de la víctima, un mensaje de advertencia, de temeridad, de declaración de guerra. Aún, por tanto, se debe avanzar mucho en la legislación internacional, que no posee una definición exacta e inequívoca para este tipo o categoría delictiva. 

¿Qué motiva, por ejemplo, a agredir a un homosexual, o a un indigente, o a un inmigrante? Pues básicamente la intolerancia hacia el diferente, o si se quiere, el "miedo social" a la existencia de personas que no se ajustan, digamos, a los patrones o cánones que delimitan dónde se encuentra la "normalidad" social. Son, por tanto, producto de una sociedad enferma, que no tolera la diferencia, que insta a la uniformización de sus miembros, que preconiza la supervivencia de patrones de imagen, comportamiento y actitudes que entran en sus raseros de la "normalidad", excluyendo cualquier otra manifestación. En palabras de Esteban Ibarra: "Los delitos de odio (...) refieren a la negación delictiva de la igual dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de derechos humanos en base al rechazo de nuestra diversidad, hacia personas o grupos a los que, desde una profunda intolerancia, se puede llegar a concebir como subalternos e incluso prescindibles". Son, por tanto, muestra del rechazo hacia lo diferente, y representan una clara muestra de comportamiento totalitario y excluyente. Suponen justo lo contrario del principio de tolerancia, basado en el respeto, la aceptación, la integración, la inclusión y la valoración de la diversidad humana, resquebrajando los universales principios de igualdad y libertad de todos los seres humanos. 

Cada legislación penal en cada país asocia una serie de disposiciones en cuanto a la protección de una serie de características (origen étnico, sexo, orientación sexual, religión, ideología, discapacidad, etc.), a los que añaden una serie de colectivos humanos diferenciados, de especial protección por su relevancia social. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, al colectivo de personas sin hogar, o a los de determinado origen territorial, o a los de determinado aspecto físico. Y así, el Comité de Ministros de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, 2003) vino a definir como delito de odio a "toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos". Definición que no cubre todos los flancos, pero sí se nos aparece bastante ilustrativa. Pero insistimos en que los delitos de odio no se deben confundir con la discriminación, que se sitúa sobre todo en el ámbito administrativo, y tienen más que ver con la negación del principio de igualdad ante la ley, de igualdad de trato, o de oportunidades. Los delitos por discriminación son otra consecuencia-efecto, otra conducta de intolerancia, como puedan serlo la segregación, la marginación, el hostigamiento, el homicidio, e incluso, los crímenes de lesa humanidad. 

Tampoco podemos incluir en este tipo de delitos a los crímenes por violencia de género, ya que éstos tienen su origen y casuística en la existencia de relaciones de desigualdad entre hombre y mujer, bajo el imperio desde hace siglos de una sociedad patriarcal que impone sus formas y sus modos. La violencia de género obedece únicamente al terrorismo machista derivado de los postulados del sistema heteropatriarcal dominante, y que ha de ser erradicado de toda sociedad moderna y avanzada que se precie. Los casos más típicos de delitos de odio están relacionados con el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia, el antigitanismo, la disfobia, la aporofobia (fobia a los indigentes) u otras formas de odio basadas en la intolerancia, y justificadas desde una perspectiva retrógrada y totalitaria. Un caso típico y especialmente significativo lo constituye la violencia en el deporte en general, y en el fútbol en particular, mediante la existencia de los grupos ultra, de hooligans o hinchas de determinados equipos, que practican la extrema violencia en algunos casos, llegando a matanzas indiscriminadas de seguidores de equipos contrarios. Y también aquí, la mano del capitalismo también "mece la cuna" de este tipo de conductas, mientras sigamos consintiendo, como sociedad, que ciertos deportes salgan de su esfera natural, para convertirse en auténticos fenómenos de masas, y sus jugadores y directivos cobren sueldos exhorbitados, y representen un modelo social a imitar, y una referencia para los más jóvenes. 

Pero quizá hoy día su mayor frecuencia ocurre contra el grueso de la población inmigrante, desde una perspectiva y un discurso intolerante que propugna la invasión de nuestra civilización occidental, y la pérdida de nuestros valores. Pero más bien deberíamos pensar qué aportamos al mundo con nuestros valores, y dónde descansa la supremacía de nuestra "civilización occidental". Incluso desde los discursos de los líderes políticos mundiales mejor valorados surgen llamamientos a la defensa de nuestro "mundo libre y civilizado", enfrentado a un supuesto mundo preso, inferior, anticuado, o a una civilización del mal, a la que tenemos que erradicar. Es ahí donde podemos ver más claramente la influencia que el modelo capitalista, y su conjunto de valores sociales, morales y cívicos, han proyectado sobre nuestras mentes y nuestros comportamientos. El capitalismo es también la explicación última para la existencia de estos fenómenos, pues una buena inserción social de este tipo de personas, en vez del constante hostigamiento que practican nuestras Administraciones Públicas contra ellos, sería la base para la erradicación de todos estos comportamientos. Un buen ejemplo típico de ello lo podemos encontrar en la persecución que se realiza al colectivo de los llamados "top manta", desde la hipócrita óptica de que representan un peligro y una amenaza para el "comercio legal", cuando este comercio legal de los productos originales se nutre de las mismas fuentes de explotación que el comercio de la falsificación y de la imitación. 

Como siempre, la punta de lanza para la erradicación de todos estos delitos y conductas ha de descansar sobre la base educativa, la auténtica base de la pirámide que nos proyecta hacia una nueva sociedad con un nuevo conjunto de valores. Una educación inclusiva e integradora, que desde una perspectiva de ampliación y cultivo de nuestros valores democráticos, estudie y propague la enseñanza del humanitarismo y del total, completo y absoluto respeto hacia los Derechos Humanos, entendidos en su perspectiva más universal. Y en el marco normativo, hace falta de forma urgente e imprescindible disponer de una Ley Integral Contra los Delitos de Odio, que contemple perspectivas de prevención de la criminalidad y proyecte responsabilidades humanitarias, y líneas estratégicas y transversales de intervención contra esta terrible lacra del siglo XXI. El destino es conseguir un modelo de sociedad plenamente democrática, que excluya toda forma de conducta, pensamiento o comportamiento de intolerancia, y donde se respeten, acepten y apliquen universalmente y con garantías todos los Derechos Humanos. 

Bien, hemos ido exponiendo, durante las últimas entregas de esta serie, las consideraciones y criterios que un Gobierno puede tener en cuenta, por supuesto con el apoyo del conjunto de la ciudadanía, para investigar bajo la organización de un proceso de auditoría ciudadana de la deuda, y declarar toda o cierta parte de la misma como ilegítima, procediendo a su impago, independientemente de que se realice o no para el resto de la deuda, un proceso de renegociación o de reestructuración. Suponemos que los lectores, a estas alturas del asunto, ya tendrán muy claro la estupidez, la trampa y la falacia que encierra la típica afirmación que versa que "las deudas hay que pagarlas". Pero quizá hemos mezclado de varias formas y en diferentes puntos y circunstancias los términos deuda insostenible, impagable, ilegítima, odiosa o ilegal, creando un poco de confusión. Vamos a poner un poco de orden en este caos, siguiendo al Presidente del CADTM, Eric Toussaint, sobre las clasificaciones que podemos otorgar a la deuda:

1.- Deuda pública ilegítima: Básicamente, es la deuda contraída por las diferentes Administraciones Públicas sin respetar el interés general de la ciudadanía, o bien en perjuicio del mismo. O si queremos, una deuda contraída para favorecer el interés particular de una élite o minoría privilegiada.

2.- Deuda pública ilegal: Es la deuda contraída violando cualesquiera leyes del orden jurídico o constitucional, nacional o internacional, que fuesen de aplicación en el momento de adquirirla. Si la ilegalidad se confirma, el Estado puede declarar la nulidad de la deuda, y cancelar su pago.

3.- Deuda pública odiosa: Es la constituida sobre todo por créditos concedidos con la imposición de condiciones que suponen una clara violación de los Derechos Humanos, formados por los derechos sociales, económicos, laborales, culturales, civiles o políticos de las poblaciones concernidas por el pago de dichos créditos. 

4.- Deuda pública insostenible: Se puede catalogar así a toda deuda cuyo pago condene a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de las condiciones sanitarias y educativas, al aumento del desempleo, y al cualquier otra circunstancia que menoscabe sus posibilidades de progreso. En resumen, una deuda cuyo reembolso implica que los derechos humanos fundamentales no se respeten. En otras palabras, una deuda cuyo pago impide a los Gobiernos garantizar los derechos humanos fundamentales. Teniendo en cuenta este argumento de insostenibilidad de la deuda, un Estado puede declarar una moratoria de sus pagos, sin que ello genere nuevos intereses de demora. Por supuesto, también se podría hablar de insostenibilidad financiera y económica del reembolso de la deuda. 

Tenemos por tanto infinidad de criterios a la hora de considerar a nuestra deuda pública bajo el prisma de los diferentes criterios que hemos expuesto (se pueden cumplir varios de ellos a la vez, incluso todos), y todo ello, extrapolado a nivel mundial, conduce a que el sistema-deuda implantado globalmente, sea uno de los elementos que el nuevo Socialismo del siglo XXI debe erradicar. Pero apliquémoslo a nuestro contexto, al caso del Estado Español. Y podemos comenzar, siguiendo un artículo de Fátima Martín y Jerome Duval, deteniéndonos a profundizar sobre la reforma constitucional que el bipartidismo del PPSOE acordó en agosto de 2011 (sin el debate parlamentario adecuado, ni el refrendo del pueblo, ese al que tanto conminan ahora, porque es donde reside la "soberanía nacional", continuamente pisoteada por los mismos que la abanderan). Básicamente, la operación consistió en lo siguiente: en contra del derecho internacional, y de la legislación nacional, el Artículo 135 de la Constitución Española de 1978 se cambió para dar "prioridad absoluta" al pago de la deuda ante cualquier otra necesidad. De esta forma, el reembolso de la deuda gozaba de mayor prioridad que cualquier otra inversión social que el país pudiera necesitar, incluso en tiempos de crisis, y todo ello en aras del "saneamiento de las cuentas públicas", de la "disciplina presupuestaria", de la reducción del déficit público, y de los mantras ideológicos que aseguran que "no podemos gastar más de lo que ingresamos", y otras variantes más. 

Las consecuencias, pues, son absolutamente demoledoras para nuestro "Estado Social y de Derecho" consagrado en la Constitución. Porque esta modificación (para la cual sólo hicieron falta un par de llamadas telefónicas, mientras que para otras modificaciones necesitan años de "consenso"), hecha a toda prisa en varios días, permite reducir los gastos en Educación y Sanidad públicas, precarizando aún más a la clase trabajadora, y todo ello para reforzar las garantías a los acreedores de la deuda pública española (básicamente, otros bancos). Se trata, como indican los autores del citado artículo, "de una concesión inédita a los acreedores, un paso más para garantizar su supremacía y satisfacer sus prerrogativas en el edificio constitucional". De hecho, "constitucionalizar" (esto es, elevar a rango constitucional) la prioridad absoluta del pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones es algo muy grave, ya que mediante esta decisión, quedan sacrificados otros objetivos igualmente constitucionales, tal como la satisfacción de los derechos sociales o laborales de la ciudadanía.

Por tanto, introducir dicho criterio en nuestra Constitución (como en cualquier otra Constitución del mundo) no es más que una muestra del carácter fanático, cerrado y dogmático de la ideología neoliberal imperante, excluyendo modelos alternativos y alejándonos de la propia filosofía consagrada en la Constitución y del posible alcance democrático que pudiéramos extraer de nuestra Carga Magna. Fijémonos que incluso en el propio lenguaje que se utiliza y se difunde por la clase dominante, esta filosofía de considerar al país como una empresa, y a sus dirigentes como sus Directores Generales se va imponiendo. De hecho, en el debate "cara a cara" entre el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el moderador presentó el debate como si fuera "una entrevista de trabajo, para un proceso de selección de personal, que elija a la persona que va a dirigir los destinos de esta gran empresa que se llama España". La perversión del propio lenguaje, que legitima subliminalmente este enfoque, es clara y evidente. Pero como decimos, más allá de la mera interpretación política del asunto, podemos apelar a los aspectos formales y legales. Los expondremos en la próxima entrega.