Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Nos quedamos en nuestro último artículo de esta serie hablando sobre los fondos destinados a la denominada "actividad social" de la Iglesia, y denunciábamos el hecho de que se haya institucionalizado en nuestro país el "modelo caritativo" que estas organizaciones ofrecen (Cruz Roja, Cáritas, Bancos de Alimentos, etc.), mientras el Estado abandona progresivamente los pilares de la justicia social. Peligrosa deriva, porque la justicia social es un derecho exigible por toda sociedad democrática, mientras que la caridad es otra cosa bien distinta. Y remitíamos también a los lectores a nuestro artículo "¿Caridad, Solidaridad o Justicia Social?", donde abundábamos en estos asuntos. Y así, mientras nuestros Gobiernos incumplen sistemáticamente sus compromisos sobre el blindaje de los derechos sociales básicos (así como los relativos a la cooperación internacional y la lucha contra la pobreza a nivel mundial), las organizaciones sociales y ONG's dedicadas a la caridad potencian sus actividades, con el patrocinio de la Iglesia y de terceras empresas, que también sacan tajada del chiringuito. 

De esta forma, asistimos a esta paradójica e indecente sociedad, donde mientras crece la desigualdad a marchas forzadas, se potencian la caridad, la filantropía y el "neoliberalismo compasivo", que pregona que pueden paliarse la pobreza y la exclusión social aportando "lo que nos sobra". Y en medio de todo este tinglado, por supuesto, figura la Iglesia Católica como la Institución mejor colocada, actor principal y cómplice fundamental de todas estas políticas. Es la imagen de esta "solidaridad institucionalizada", que preconiza la necesidad de ejercer actividades solidarias, entre todos, desde el más pequeño al más grande, cada uno lo que pueda, pero aportando globalmente como sociedad para paliar las situaciones de extrema necesidad. Hay que denunciar todo este despreciable montaje, y exigir firmemente a los Gobiernos que no eludan sus responsabilidades, porque ellos han sido elegidos democráticamente para ejercerlas, y no para desviarlas a terceras organizaciones, convirtiendo derechos humanos fundamentales en caridad o solidaridad social. Se difunde de esta forma la imagen de personalidades amables, entregadas a los demás, solidarias y activistas, por una parte, frente a la existencia de Gobiernos impasibles y desalmados, que dedican sus presupuestos a armas, a los pagos de la deuda, o a la Iglesia Católica, como estamos contando en toda esta serie de artículos. Basta ya de tanta manipulación y tanta hipocresía. 

Evidentemente, todo este entramado politico, económico y social que promueve la caridad y la solidaridad social está montado, como no podía ser de otra manera, para esconder y presentar como más amables los tremendos y crueles desmanes que provoca el capitalismo, sistema que estos "actores solidarios" no cuestionan en absoluto. Pero debiera importarnos más evitar las causas de toda esta barbarie, de toda esta pobreza y exclusión, que paliar sus posteriores consecuencias, mediante la "actividad social" de la Iglesia y de las empresas del tercer sector. En el caso de la Iglesia Católica, la financiación pública para soportar estas actividades podría superar los 2.000 millones de euros, y estos últimos años está aumentando, dada la situación creciente de pobreza (generada por las propias políticas gubernamentales) y de la cual el Estado no se hace cargo, cediendo vergonzosamente esa responsabilidad institiucional a organizaciones que en una gran mayoría son de carácter religioso (católico). A ello hay que sumar las subvenciones directas y convenios con servicios hospitalarios por parte de las Consejerías de Sanidad (estimados en unos 800 millones de euros anuales). 

Hagamos en este punto una aclaración importante, desmontando otra de las falacias en relación a la "función social" de la Iglesia. Como indican desde Europa Laica, los Obispos y una parte de la sociedad sostienen que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender, por su cuenta, una parte de las obligaciones educativas, sanitarias y asistenciales, incluso que el apoyo económico del Estado revierte hacia el propio Estado multiplicado en más del doble...No nos dejemos engañar. Se trata, como tantas otras, de una opinión trampa, completamente falsa, que responde a datos erróneos y poco rigurosos. Además de que utilizan la denominada obra social de la Iglesia para hacer proselitismo religioso y política, con la que tratan de imponer al conjunto de la ciudadanía sus trasnochados y retrógrados valores, difundiendo su moral particular y sectaria, en ocasiones contrarias al propio Estado de Derecho, a leyes civiles y principios democráticos y constitucionales, resulta que las cuentas no salen tal como ellos argumentan. El Estado puede y debería atender a la educación, la sanidad y los servicios sociales directamente, en vez de privatizarlos mediante concesiones a las entidades religiosas, eliminando puestos de trabajo y riqueza real. Pero como decíamos, resulta que cuando la Iglesia Católica expone sus "peculiares" cuentas, se limitan al costo del servicio directo, sin tener en consideración los costos de gestión pública y el hecho de que el Estado ha de atender también al medio rural, que es más costoso. 

La conclusión está bien clara: mediante toda esta política de perversión social, dejando en manos de confesiones religiosas la atención caritativa de lo que son derechos humanos fundamentales, los poderes públicos hacen dejación de sus funciones y de su competencia institucional, financiando de forma deliberada esta "obra social de la Iglesia Católica". Además, hemos de incluir también en este capítulo que el Estado paga también la nómina y cargas sociales de los capellanes de los Hospitales (más de 800 a tiempo completo y parcial) y de los centros penitenciarios (158). Por su parte, el Servicio de Atención Religiosa de las Fuerzas Armadas cuenta con 110 capellanes de diversos niveles, que dependen del arzobispado castrense, y como curiosidad, podemos mencionar que el estatus profesional de estos capellanes fue sustancialmente mejorado bajo el Ministerio de Defensa de Carmen Chacón (PSOE). De igual modo, Universidades y Facultades públicas cuentan con capellanes en grados muy diversos, superando el centenar en este ámbito. También hay capellanes en algunos cementerios de varias localidades, que cobran de los presupuestos locales. Con todo ello, el coste de estos "clérigos funcionarios"  puede rondar los 50 millones de euros anuales, aproximadamente. Continuaremos en siguientes entregas.

Llegado este momento, bien pudiéramos formularnos la siguiente pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque nadie podría entender cómo se llega a una situación donde las grandes empresas transnacionales puedan albergar tanto poder como para, no sólo dirigir y protagonizar mayoritariamente las negociaciones, sino hacer que los Gobiernos y los Estados aprueben mecanismos que van claramente en contra de sus intereses (entendidos éstos como los intereses de la propia ciudadanía). Pues básicamente, todo ello se da porque hoy día es aberrante la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han adquirido en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que habitan este mundo sujeto al capitalismo globalizado. Prácticamente, desde que nacemos hasta que morimos, se puede decir que estamos viviendo para proporcionar beneficios a las grandes empresas multinacionales. El grado de consumismo desaforado al que hemos llegado lo constata diariamente. 

Muy interesante es, al respecto, el análisis que hace Gonzálo Fernández en su artículo "Alternativas para disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales", que voy a tomar como referencia a continuación. La fase de globalización neoliberal, que despega hace unas cuatro décadas, en el contexto de la crisis de los años 70 del siglo pasado, es donde las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en punta de lanza del modelo capitalista imperante a nivel globalizado y de la perpetuación de sus valores (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, consumismo descontrolado, crecimiento económico), a partir de las directrices del Consenso de Washington, del cual ya hablamos a fondo en este artículo de nuestro Blog. Las políticas de desregulación, apertura, flexibilización de mercados, o limitación de la capacidad de intervención de los Estados, entre otras, se van imponiendo inexorablemente. Y a su vez, a todo ello ayuda al disciplinamiento de la propia clase trabajadora, por un lado, así como las mejoras tecnológicas en el transporte, mecanización, comunicación e información. Las grandes empresas van asumiendo el papel de agentes hegemónicos de la globalización neoliberal, ampliando sus fronteras geográficas y funcionales. 

Y de esta forma, la agricultura, los servicios básicos, los recursos naturales, los bienes de equipo, y muchos otros sectores van quedando dentro de la órbita de mercado e influencia de las grandes transnacionales. Ello va incidiendo en el volumen de éstas, entendido no sólo como volumen de beneficios, sino como volumen de mercado, y hoy día, dicho volumen supera, para muchas de ellas, el PIB de algunos Estados. Las empresas, como agentes económicos principales del neoliberalismo, van adquiriendo un poder extraordinario, que se expande más allá del ámbito económico, y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En el ámbito cultural, se fomenta el prototipo del gran empresario, como "self-made man" (hombre hecho a sí mismo), tomándose como modelo de referencia a imitar por las jóvenes generaciones. En el caso estadounidense (el gran actor que negocia con la Unión Europea el TTIP), dicho modelo es aún más venerado que en el ámbito europeo, y podemos comprobar el tremendo daño que este modelo está haciendo (sólo tenemos que fijarnos en los deplorables espejos de Sheldon Adelson, el magnate del fallido proyecto EuroVegas, o bien en Donald Trump, muy de moda por postularse para la carrera electoral de las elecciones presidenciales estadounidenses). 

En lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Y llegados a este punto, ¿se nos ocurre la reacción que pueden tener los representantes de una gigantesca empresa, que estén negociando con un pequeño país, y los representantes de dicho país se enfrenten a sus propuestas? Seguramente los lobbies de dichas empresas saldrán amenazantes de la reunión, sabedores de que pueden chantajear, gracias a su tremendo poderío, los designios de dicho Estado, y pasar por encima de sus democráticas decisiones. Hemos llegado a un punto donde el poder privado de las grandes empresas multinacionales desafía abiertamente el poder democrático de los Estados y de sus gobernantes, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de la democracia y de los derechos humanos, de la naturaleza y, en última instancia, del planeta. Nos encontramos en un punto crítico, quizá de no retorno, si no somos capaces, a nivel internacional, de acabar con el terrible poderío de unos cuantos magnates internacionales, que gobiernan desde la atalaya de sus despachos los designios de prácticamente todo el mundo. 

Valgan para ello algunos ejemplos: Wall-Mart, la mayor empresa comercial del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera en mucho la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras que la gigantesca petrolera Shell tiene unos ingresos anuales superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, o el gigante bancario español BBVA, cuyos beneficios anuales superan el PIB de Guatemala. ¿Alguien se puede creer que una negociación de estos gigantes empresariales con alguno de los Gobiernos de dichos países estaría en condiciones de igualdad? Los lobbies empresariales argumentan sobre la importancia de la seguridad jurídica, pero lo cierto es que, gracias a ella, y a la impunidad que les proporciona, bloquean y chantajean importantes decisiones de países enteros, incluso de entidades o comunidades polìticas supranacionales. Y es que esta situación de privilegio económico se traduce de manera lógica y natural, en un poder político creciente. Ante la aparente neutralidad de los grandes dirigentes empresariales, se esconde la más peligrosa ofensiva a los derechos sociales, laborales y democráticos de las naciones. Es un hecho al que nos tenemos que enfrentar, ya no vale soslayarlo o ignorarlo por más tiempo. 

Hoy día, las multinacionales son las principales beneficiarias, y defensoras a ultranza, de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones políticas se alejan de los intereses de la ciudadanía, debido también a la clara y criminal complicidad de los gobernantes de turno, amparados en leyes y en prácticas que también los benefician indirectamente, a través de las llamadas "puertas giratorias", perverso montaje a través del cual se "agradecen" las decisiones políticas que benefician a las empresas mediante la inclusión de los políticos que las tomaron en los altos cuadros directivos de las empresas beneficiadas. El reverso de la puerta giratoria también está claro: los mismos directivos de las grandes empresas también se presentan de vez en cuando a las elecciones, para seguir tomando decisiones que las beneficien. Con ello, todo queda en casa. Pero también, como decíamos más arriba, las empresas transnacionales también acumulan poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, y actuando como voceras de sus valores a través de los medios de comunicación de su propiedad, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada.

Saben perfectamente que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual trasladan la cultura a su terreno, mercantilizándola en la medida de lo posible, y diseñando, impulsando y generalizando un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, de actitudes y comportamientos sociales, adaptados a la primacía del crecimiento capitalista y de la democracia de baja intensidad. Para rematar su hegemonía, y como garantía para mantener todo este entramado de poder, las corporaciones multinacionales también acumulan un tremendo poder jurídico (que quieren continuar aumentando gracias al TTIP). Éste se muestra a través de la existencia de un derecho fuerte, basado en una maraña de jurisprudencia y de complejos tratados, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, etc., que bajo la bandera de la "seguridad jurídica", se imponen sobre la soberanía de los pueblos y sobre los marcos internacionales de derechos humanos, generando así una "arquitectura de la impunidad" (en expresión de Gonzalo Fernández) que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares o gubernamentales. El círculo se cierra. Esta es la situación. Continuaremos en siguientes entregas.

Rescatamos dicha cita de Pablo Yanes para terminar el tema de la RB hablando del aporte de la RB a la desmercantilización de la fuerza de trabajo, propia del capitalismo más actual y desaforado. En efecto, ya hemos comentado muchas facetas (ventajas) de la RB en este sentido (actuar como colchón de resistencia ante las huelgas o el desempleo, poder renunciar a trabajos indignos, etc.), pero queremos aquí volver al origen del problema, denunciando la grave deriva mercantilista del trabajo, así como de la clase trabajadora como objeto. Como sabemos, el contrato de trabajo por cuenta ajena somete al trabajador a una situación jurídica de subordinación, de dependencia y de ajenidad en su trabajo. Y ello va, poco a poco, minando la dignidad humana del trabajador, que debiera conservar siempre su capacidad de autonomía y de decisión sobre su vida y sobre sus propios actos. El capitalismo convierte el obrero en objeto, y su fuerza de trabajo, en pura mercancía, que se puede vender al mejor postor. 

En el documento "PODEMOS por el Socialismo", editado por una parte de los militantes de la formación morada, se indica: "¿Cómo puede ser posible, entonces, que los fundamentos mismos de la vida de decenas de millones de personas en cada país (si pueden trabajar, si pueden comer, si pueden vestirse, si pueden tener un techo) dependan del control que ejercen sobre la sociedad un puñado de grandes empresarios y multinacionales sentados sobre montañas de dinero? ¿Cómo puede ser que esta gente tenga, como los esclavistas del Imperio Romano, derecho sobre la vida y la muerte de millones de seres humanos?". El trabajo humano, en su vertiente antropológica de desarrollo y creatividad, así como de inserción y producción para sí mismo y su colectividad política, genera o debiera generar derechos para quien trabaja, en lugar de existir otros que se apropian de dicha fuerza de trabajo, degenerándola, y con ella, al propio trabajador. De la misma manera, el sistema (la comunidad) también debiera dar derecho a decidir sobre el propio trabajo, así como a participar en las decisiones colectivas. Todo ello se pervierte, se prostituye bajo el capitalismo neoliberal actual, y el poder de sus poderosos vasallos y representantes. 

La RB viene a romper una lanza en favor de todo ello, al conseguir la liberación del dogal que une al trabajador con su "empleo" (como ahora está de moda en llamarlo), dotándolo de la capacidad de elegir, de la libertad de poder existir, de la libertad relacionada con su independencia y con la satisfacción material de su existencia. La libertad real que no es posible sin la existencia material garantizada, algo a lo que tanto temen las clases dominantes, que se las han ingeniado prácticamente desde siempre para que  no esto no ocurra. Y así, este nuevo órdago continuado hacia la "flexibilidad laboral" no es más que una nueva vuelta de tuerca, más descarada si cabe, en el camino hacia la consecución de que el trabajo humano pueda ser tratado como una pura mercancía, con todas sus consecuencias. Actualmente, las élites políticas y económicas que nos gobiernan imponen unas políticas de desigualdad basadas en dicha precarización del trabajo, que se somete a las condiciones de la "oferta" y la "demanda". Y lógicamente, están en contra de la RB porque saben perfectamente que dicha medida, tal como nosotros la hemos planteado aquí, rompería definitiva y rotundamente con dichos esquemas, imposibilitando su continuación, y devolviendo la dignidad perdida a los trabajadores. 

El profesor Daniel Raventós cuenta en alguna de sus múltiples entrevistas que un dirigente de la patronal catalana le había comentado algunos años atrás: "esto de la renta básica si hacemos números seguro que sale, pero los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora...¿para qué se lo vamos a dar?", a lo cual Raventós apostillaba: "¡Cómo me gustaría que la izquierda lo entendiera con la misma brillantez que lo entendió este tipo!". Hemos de retornar a los postulados de los antiguos librepensadores, de los verdaderos artífices de la Revolución Francesa, como Robespierre, que se preguntaba en su más afamado discurso: "¿Cuál es el primer objetivo de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del Ser Humano. ¿Cuál es el primero de esos derechos? Existir. La primera ley social es aquélla que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Todo lo demás está subordinado a esta ley social". No nos resignamos a la idea de que tan preclaras y brillantes palabras hayan sido pronunciadas hace varios siglos, y sin embargo nuestra sociedad siga siendo incapaz de prestarles auténtica atención. 

Diego Hidalgo, en su magnífico artículo "El trabajo como mercancía y el desprecio contra el trabajador" lo explica bajo los siguientes términos: "En Roma, el esclavo era tratado jurídicamente como una persona-objeto o persona dependiente. Su decisión no era considerada válida ni vinculante (como un objeto o herramienta) por lo que quedaba subordinado a la decisión del amo. Su estatuto jurídico no permitía que se le atribuyeran derechos por sus actos, por lo que los derechos generados por su trabajo eran atribuidos al amo o al propietario del trabajo. El Estado del Bienestar no atacó esta lógica, sino que, en su línea, mantuvo las injusticias capitalistas pero poniendo límites a sus efectos. Al trabajador se le reconoció como persona en el Estado, pero era una ciudadanía de segunda, al estar los derechos que le correspondían reconocidos siempre dentro del marco de las bases del Estado burgués y bajo los límites de posibilidad de la economía capitalista, manteniendo al trabajador en la situación de dependencia".

Y añade: "Es más, los derechos sociales coinciden básicamente con las áreas en las que se ponían obligaciones a los señores y esclavistas de las épocas de escasez de mano de obra o peligro de rebelión (cuidado en la infancia, cuidado en la enfermedad, manutención adecuada para vivir y reproducirse, manutención en la vejez, o descanso suficiente diario y semanal), nacieron en un momento de escasez de mano de obra dependiente (por las guerras mundiales y los trabajadores de los países comunistas) y peligro de rebelión obrera (con la URSS como gran potencia para prestar apoyo), y se han acabado cuando esas circunstancias han finalizado, como tantas veces ha pasado en la historia de la esclavitud, el señorío o el trabajo en ajenidad y dependencia en general". Creo que nos queda perfectamente claro. Bien, finalizada la exposición de la RB, a la cual le hemos dedicado varios artículos de esta serie, por su tremenda importancia, continuaremos con otros temas y asuntos en siguientes entregas. 

Concluimos aquí, con esta entrega número 35, la serie de artículos que hemos dedicado a la Tercera República. La concluimos cuando estamos en una verdadera encrucijada histórica en nuestro país. Dentro de poco se van a producir dos citas electorales importantísimas, una a nivel catalán y otra a nivel de todo el Estado. El próximo 27 de septiembre están convocadas las Elecciones al Parlamento de Catalunya, pero no se trata de unas elecciones autonómicas al uso. Los promotores de la lista unitaria (CDC-ERC, y algunas organizaciones sociales) por la independencia han querido darle, y así lo están transmitiendo a la ciudadanía, un carácter plebiscitiario, en el sentido de que apoyar a su lista es apoyar dedididamente la independencia. El resto de listas se sitúan en el plano de la negación a la misma (bloque "constitucionalista", donde se encuentran PSC-PP-C'S-UDC), y por fin, tenemos el auténtico bloque federalista, mediante la candidatura "Catalunya sí que es pot", como coalición de PODEM-ICV-EUiA-EQUO, las fuerzas que defienden el "derecho a decidir" (eufemismo del derecho a la autodeterminación) y apuestan por la inserción del territorio catalán en una futura República Federal Española. 

Por tanto, sólo la candidatura federalista plantea, si gana por mayoría, la convocatoria de un Proceso Constituyente para que el pueblo decida el posterior encaje de Catalunya dentro del Estado Español. Nosotros apostamos por la opción federalista, pero por supuesto, y como hemos venido afirmando en toda esta serie de artículos, mediante una República (una República Catalana, si gana la opción independentista) que reconozca (entre otras muchísimas cosas, que hemos ido desgranando en esta ya larga serie de artículos que hoy finalizamos) el derecho de autodeterminación de todos los pueblos que puedan constituir el Estado Español. En resumidas cuentas, una República y un Estado Federal, con una nueva Constitución, creada y debatida desde abajo, desde la participación ciudadana y de todos sus movimientos sociales, para alcanzar la Tercera República que queremos. La  otra cita electoral de la que hablábamos al principio se producirá a finales del presente año, y será también de extraordinaria importancia, porque se tratará de unas Elecciones Generales. Y en este contexto, es donde el pueblo puede también incidir, con su voto, en repudiar completamente el deficiente sistema democrático que sufrimos, y apostar decididamente por la convocatoria de un nuevo Proceso Constitiyente que nos conduzca a la Tercera República. 

A lo largo de esta serie de artículos, hemos pretendido exponer, con la mayor claridad posible, todos los déficits democráticos que sufrimos, y las alternativas que se pueden ir adoptando. Pero el marco superior donde todos estos avances han de ir desarrollándose debe ser la República, no puede seguir siendo la Monarquía, porque entonces estaríamos construyendo la casa desde el tejado. La casa debe ser construida desde sus cimientos, y los cimientos de la auténtica democracia deben residir en la Tercera República que queremos. La República como un modelo alternativo al actual, con su contenido específico. La República como un modelo democrático completo y avanzado, en constante perfeccionamiento. La República como sustrato social para una comunidad política más justa y avanzada. La República, en fin, como el prototipo de sociedad libre y democrática. Pero como sabemos, las clases dominantes están echando toda la carne en el asador para que esta situación sea inalcanzable, y sus posibles intentos sean abortados, cooptados o chantajeados. Siempre ha ocurrido así. Es un hecho al que debemos enfrentarnos con calma, pero con plena determinación. 

La prueba evidente de ello la tenemos en Catalunya, donde como decíamos más arriba, el bloque "constitucionalista", el que pretende que nada cambie, el que pretende continuar con la misma correlación de fuerzas, el que pretende que nos sigan gobernando los mismos poderes fácticos, está poniendo en práctica todas las tácticas y estrategias posibles para impedir a los catalanes que puedan expresarse libremente. Porque saben que si lo hacen, pueden echar abajo su chiringuito de poder, pueden cuestionar el sistema, pueden comenzar un movimiento de liberación de las clases populares, que acabe, al menos, con el replanteamiento del sistema actual. Así que ellos no lo pueden permitir. Lanzan ridículas soflamas sobre la "unidad de España" de los tiempos franquistas, y otras lindezas por el estilo, para llamar a la "concordia" y a la "convivencia" según las "reglas de juego democráticas" de la Constitución de 1978, porque saben perfectamente que dichas reglas de juego les favorecen, porque están pensadas para perpetuar su poder. Así que en esas estamos. 

Finalizamos con las palabras de José López, autor que ha escrito hasta la saciedad sobre la necesidad de la República y el necesario camino para su consecución: "La República no debe ser sólo la negación de la Monarquía, sino que debe ser un modelo alternativo perfectamente definido. Es necesario dar a conocer el concepto de República antes de que se instaure para (al ser una alternativa de poder institucional conocida) garantizar su porvenir como forma democrática del Estado. Es necesario que deje de ser algo bueno por conocer frente a lo malo conocido. Hay que evitar que la República llegue de modo imprevisto y se instale en un Estado de precariedad. El objetivo fundamental es evitar los errores del pasado que provocaron los fracasos de la Primera y Segunda Repúblicas en España. En definitiva es imprescindible sentar las bases teóricas antes de su puesta en práctica". Justamente ese ha sido el objetivo de la presente serie de artículos. Nos despedimos aquí, esperando que muy pronto sus postulados puedan hacerse realidad, rememorando las palabras del universal poeta andaluz Antonio Machado: "Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a la República de la mano". ¡Salud y República!

Toda esta dominación cultural se va traduciendo, con el paso del tiempo, en la existencia de una serie de mecanismos de subordinación forzosa de los intereses (sobre todo reproductivos) femeninos a los masculinos. Se consagra de esta forma toda una "hegemonía de la masculinidad" que se proyecta cada vez a más ámbitos sociales. Todos estos tipos de dominación convergen en la actual discriminación de la mujer, porque la dominación económica (sometimiento de los recursos de la mujer a los que el marido pueda proporcionarle), física (el poder determinado por la supremacía física del hombre), y social (sistemas legales, morales y religiosos que apuntalan la marginación y opresión de la mujer por el hombre) quedan garantizados con la implantación de otro de los pilares del patriarcado: una heterosexualidad obligatoria que asegura la reproducción de la especie y la herencia patrilineal, difundiendo el concepto clásico o nuclear de familia, y marginando todos los demás modelos. Pero sin duda ninguna, el aspecto más sangrante donde se manifiesta este modelo heteropatriarcal es la violencia de género (que mejor pudiera denominarse violencia de sexo, puesto que las personas no tenemos género, o más claramente, terrorismo machista). No incluimos aquí el resto de manifestaciones de la violencia doméstica, que puede expresarse y obedecer a otros mecanismos distintos, y ser protagonizada por otros actores. Sigo a continuación el magnífico artículo de Beatriz Gimeno, que aporta datos e interesantes reflexiones. 

Todo sistema de dominación, y el heteropatriarcado lo es, necesita emplear la violencia para imponerse, y después para mantenerse en el tiempo, con lo cual, esta violencia contra la mujer se ha despreciado socialmente, incluso se ha alentado, ha estado incluso "bien vista". Ante la rebelión de las mujeres a este injusto sistema que las domina y las explota, la violencia contra algunas mujeres, de vez en cuando, ha servido como amenaza y correctivo para todas. Culturalmente, sigue muy viva la idea de que los hombres disponen de ciertos derechos sobre las mujeres con las que se relacionan sexual y afectivamente, y esto redunda en cierta tolerancia social cuando el maltratador o asesino en cuestión no puede soportar el hecho de que "su" mujer le haga saber que ya no le pertenece. Ello va unido a la tolerancia institucional y política, incluso la propia tolerancia de los medios de comunicación. Mensajes estereotipados como los que alegan que la mató porque la quería, la mató por celos, la mató porque ella hizo algo que no debía, o simplemente, porque estaba loco. Pero lo cierto es que la mató porque él creía (el sistema le había hecho creer) que estaba legitimado para matarla, que tenía derecho a matarla. La mató porque ella, con su comportamiento, había dañado su sentido de la masculinidad. 

Así pues, en realidad, ellos matan por una determinada idea política, que el modelo heteropatriarcal lleva consagrando y difundiendo durante siglos. De entre todo su ideario, aquélla que genera más violencia es la idea que hace creer a los hombres que sus mujeres les pertenecen, y que por tanto, tienen derecho a exigirles determinados sentimientos, actitudes y comportamientos. Y así, ellos se convierten en las víctimas (cuando sus mujeres no se comportan como se espera de ellas), y ellas son las que han provocado la situación que les ha conducido a ellos a la violencia. Ellos matan para restablecer el orden, para consagrar el modelo, para responder a sus pautas. Y así, por ejemplo, tenemos que si ellas se rebelan ante su rol, amenazan con subvertir las reglas, esto se traduce en que no le muestran respeto a su cónyuge, o se ríen de él, o lo ponen en ridículo, o lo traicionan, desencadenando los actos violentos que salvaguardan y ponen orden en el sistema. La lectura de la violencia de género debe ser, por tanto, una lectura política, interpretada como la reacción del rol masculino ante el intento del rol femenino de subvertir las reglas del modelo. 

Y ante estos actos, más allá de los minutos de silencio, de las condenas públicas, de las leyes contra la violencia machista, y de las solemnes declaraciones institucionales, está la dosis de legitimación social, que sostiene que dicha violencia se acabaría si las mujeres fueran como deben ser, se comportaran como deben, y en lugar de sentir dolor por la víctima, sienten cierta comprensión y solidaridad con la situación que ha conducido al asesino a cometer su crimen. E intentan minimizar la tremenda casuística del terrorismo machista comparándola con las muertes por tráfico, con los asesinatos por conflictos bélicos o con otros casos de violencia doméstica. Es un ejercicio asqueante e intolerable, pero resultante de la profunda instauración del modelo heteropatriarcal dominante y hegemónico. Son cómplices del modelo todos los que se empeñan en explicar que los asesinos son psicópatas, en lugar de entender que dichos individuos son personas normales, bien adaptadas, con comportamientos racionales, con una vida social totalmente normal, sin antecedentes penales, que quieren a sus padres y a sus mascotas, pero que no soportan la idea de que su mujer se separe de él. Y son cómplices los medios de comunicación y las Instituciones y sus gobernantes, que en lugar de considerar la propia ideología machista como la responsable de dichos crímenes, consideran que dichos asesinatos se deben a la mala suerte, a que hay mucho loco suelto, o que, en todo caso, son cosas que pasan. Basta entonces con detener al asesino de turno, condenar públicamente lo sucedido, declarar varios días de luto oficial por la consternación creada, y juzgarle adecuadamente (en caso de que no se haya suicidado, por no soportar el castigo y la humillación).

El terrorismo machista, por tanto, no es algo casual, sino que su etiología procede de la ideología que sustenta al modelo heteropatriarcal, que legitima esta violencia hacia las mujeres que osan enfrentarse a él. Afortunadamente, desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, los movimientos feministas y de liberación de la mujer han conseguido, a duras penas, visibilizar la tremenda estructura de implantación del heteropatriarcado, su injusto poder de dominación sobre la mujer, y la necesidad de evolucionar hacia su erradicación como modelo político, social y cultural. ¿Cuál es la meta que nos debemos marcar? Pues evidentemente, el derrocamiento del modelo heteropatriarcal imperante, mediante la desaparición de sus reglas y de sus normas, un complejo edificio que hay que deconstruir desde los cimientos de la educación, y en sus estadíos más tempranos. El movimiento feminista persigue alcanzar una sociedad completamente democrática donde no pueda existir un sexo que sea superior al otro en ningún ámbito ni faceta, legitimado ni promovido socialmente por ningún Estado mediante ningún sistema de leyes, que discriminen legal o socialmente a un sexo con respecto a otro. Sólo de esta forma acabaremos con la aberración del heteropatriarcado, y con sus injustos efectos y consecuencias.