Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Y entre esos que tienen poco o nada, el mundo infantil es especialmente preocupante. En casi todas las regiones del mundo, la pobreza afecta a los niños de manera desproporcionada, ya que ellos/as tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza extrema. Dada su extrema vulnerabilidad y dependencia, los niños no pueden hacer nada para salir de su situación de pobreza, de ahí que deban ser especialmente protegidos por cualquier gobierno que se precie de ser justo y sensible, democrático y avanzado. El interés superior de la infancia, como ocurre en tantos otros aspectos (niños migrantes, separación de sus progenitores, derecho penal...) debe primar, y obligar a considerar la pobreza infantil como una prioridad absoluta en la lucha general contra la pobreza a nivel mundial, en todas sus dimensiones. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 nos insta a ello, pero pocos son los países que en el planeta llevan a cabo políticas de protección completas para el mundo infantil. La pobreza en la infancia, como ya señalábamos en el artículo anterior, tiene también repercusiones en otros ámbitos, ya que ralentiza el crecimiento y dificulta el aprendizaje. Como recoge el medio Contrainformación en este artículo de Xan Pereira, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alertan de que si no lo impedimos, para el año 2030 contaremos con 167 millones de niños y niñas viviendo en situación de pobreza extrema en el mundo, y 60 millones de menores que no podrán acceder a la educación, suponiendo todo ello la quiebra futura de sus vidas, su imposibilidad de inserción y su descuelgue de las necesidades vitales y expectativas. 

Se estima, además, que si no se toman las medidas adecuadas, unos 69 millones de niños y niñas menores de 5 años morirán a causa de la pobreza, en un lapso de unos 15 años vista. Nuestro país tan solo invierte el 1,3% de su PIB en protección social a la familia y la infancia, lo cual está lejos de la media europea del 2,4%, y muy lejos de la inversión de países como Francia, que dedica un 2,5% de su PIB o Dinamarca, que reserva un 3,5%. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño denunció que los recursos para combatir la pobreza infantil en nuestro país han sido inadecuados. Estos niños y niñas de la fría estadística de la pobreza son candidatos a muchas cosas, todas ellas negativas: son candidatos a no disfrutar de oportunidades, candidatos a la brecha digital, candidatos a la pobreza energética, candidatos al abandono escolar, candidatos a la malnutrición, candidatos a sufrir bullying (acoso escolar), candidatos a la soledad, candidatos a reproducir patrones negativos, candidatos, en definitiva, a no tener futuro. Nuestra sociedad les arrebata el futuro en todas sus posibles dimensiones y facetas a estos niños y niñas de ahora, condenándolos a entrar y a no poder salir de un trágico círculo vicioso. La ONG Ayuda en Acción, a través de esta página, concreta las tres peticiones que debemos formular a nuestros gobernantes, para impedir que robemos el futuro a estos niños y niñas del presente:

1.- Impulsar un Pacto de Estado por la Infancia, donde se acuerden políticas y acciones que eliminen los riesgos de pobreza y exclusión a través de esta herramienta, para que de este modo, y a través del consenso generado en todas las fuerzas políticas, se eleve a la categoría de asunto de Estado el hecho de prevenir la pobreza infantil, combatirla y erradicarla. La mayoría de ONG y demás asociaciones que trabajan por la infancia están de acuerdo en dicha solicitud. 

2.- Evitar una desigual inversión en la infancia, promoviendo que se elaboren políticas para acabar con la desigual inversión que existe en España, a lo largo y ancho de sus Comunidades, y que provoca que la infancia tenga acceso a una menor o mayor protección, dependiendo del lugar donde residan. 

3.- Garantizar el acceso a las mismas oportunidades, garantizando que se asegure el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que permita que todos los niños y niñas en nuestro país tengan acceso a las mismas oportunidades. Ello no sólo tendrá como consecuencia una inclusión social de la infancia en su conjunto, sino que cuando lleguen a la edad adulta puedan llevar a cabo cualquier proyecto de vida digno que deseen, en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. 

Salvador López Arnal recoge algunos datos y comparativas adicionales en este reciente artículo, que tomamos como referencia: la nutrición deficiente causa la muerte del 45% de los niños menores de 5 años en el mundo: 3,1 millones de niños mueren anualmente por esta causa (8.500 al día); 66 millones de niños asisten a clase con hambre en los países subdesarrollados. Según Unicef, se necesitan 3,2 mil millones de dólares para solucionar el problema (un poco menos de lo que cuesta un destructor de los 64 que posee la Armada de los Estados Unidos). Según Unicef y la OMS, 264 millones de niños no asisten a la escuela. Todo lo cual nos lleva a proporcionar un dato escalofriante y estremecedor: en el mundo hay alrededor de 350 millones de personas que literalmente "no existen", es decir, que no tienen ningún tipo de registro de su vida, que no son sujeto de estadísticas, que no figuran en ningún estudio, que no son objeto de preocupación, que no son dignos de atención por el resto del mundo. Hemos llegado a este grado de perversión moral. No nos lo podemos permitir. Menos aún con la infancia. Según este artículo del medio digital El Captor, España lidera el ránking de pobreza infantil de toda la Zona Euro, y ostenta el tercer puesto en el ránking mundial de pobreza infantil de los países de la OCDE. Lo hemos expresado en el gráfico adjunto, tomado de su propia elaboración. Los datos de este ránking, surgidos de un informe de finales de 2016, ubican a Turquía, Israel y España como los tres países de la OCDE cuya tasa de pobreza infantil es más alta, concretamente del 25,3%, 24,3% y 23,4%, respectivamente. Por encima del 20% solo se encuentran dos países más, Chile y Estados Unidos, con tasas respectivas del 22,5% y 20,2%, siendo un total de siete los países que sin llegar al 20% superan el ratio del 15%: México, Grecia, Portugal, Italia, Canadá, Japón y Letonia. 

Por debajo del 15% y sin descender de un ratio del 10% se sitúan doce países: Estonia, Eslovaquia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Luxemburgo, Hungría, Francia, Holanda, República Checa y Austria, quedando los restantes 11 países (de los incluidos en la OCDE) con una tasa de pobreza infantil inferior al 10%. No podemos estar orgullosos de estos datos, sino que al contrario, hemos de promover todos los esfuerzos por dejar de ocupar tan indignante e indecente estadística. Finlandia y Dinamarca son los dos países con una menor tasa de pobreza infantil del mundo, con un 3,6% y un 2,7% respectivamente. Como en muchos otros asuntos, los países nórdicos son un referente a seguir. Lógicamente, no podemos entender estas tasas de pobreza infantil en modo aislado, pues son consecuencia lógica del resultado de la aplicación de perversas políticas neoliberales, que son las mismas que han ido desmantelando los servicios públicos del Estado del Bienestar, privatizando las empresas públicas, precarizando el trabajo, disminuyendo los ratios y mecanismos de protección social, creando trabajadores y trabajadoras pobres, desprotegiendo a las mujeres, e infrafinanciando los servicios básicos que toda sociedad necesita. Nuestro país es puntero en todo ello. De ahí que la situación de pobreza infantil sea solo una consecuencia directa del conjunto de políticas económicas, laborales, fiscales, sociales y culturales que se promueven. De una sociedad a todas luces injusta no podemos esperar situaciones justas, sino que los datos que la retratan han de ser, como es lógico suponer, equiparables y deducibles de las políticas que se practican. Si se fortalece la arquitectura de la desigualdad, es lógico que ésta se extienda y ocupe cada vez más facetas, más ámbitos y más sectores. Lo raro sería lo contrario. Continuaremos en siguientes entregas.

La Tríada derechista, los tres de la Plaza de Colón, los trillizos de Aznar, y otros muchos pseudónimos que les han adjudicado, representan la derecha pura y dura que se presentará a las Elecciones Generales del próximo 28 de abril. Ellos se autodenominan “constitucionalistas”, pero en verdad son preconstitucionalistas, es decir, neofranquistas. Si obtienen el poder necesario, continuarán dando alas y fuerza a este capitalismo voraz que está destruyendo a la sociedad y a la naturaleza. Votarles representa un gran peligro para las conquistas sociales que aún nos quedan, así como una involución democrática de gran calibre. Intentaremos ir desgranando dicho panorama. Pablo Casado, del PP, partido definido por los propios jueces como “organización criminal” y que fue desalojado del Gobierno mediante Moción de Censura (desde entonces no perdonan a Pedro Sánchez), no es capaz de dar un discurso o un mitin sin mentir. Es más, no es capaz de pronunciar una sola frase sin mentir (sus mentiras económicas son desmontadas en este artículo por Juan Torres López). (Sus mentiras sobre ETA, Bildu y el terrorismo son desmontadas en este otro artículo por Ignacio Escolar). Si se sube a un estrado y está hablando durante 30 minutos, pronunciando un discurso de 380 frases, habrá dicho exactamente 380 mentiras. ¿Podrá este joven dormir por las noches mintiendo tanto? Y por lo que toca a sus candidatos, no desmerecen a los de Vox: por ejemplo, la número 1 por Barcelona afirmó en entrevista en TVE1 que el independentismo catalán es una afrenta mayor que la que supuso el 23F de 1981. ¿Alguien da más? Por lo visto, para Cayetana Álvarez de Toledo, es mucho peor la democracia y las urnas que el hecho de que un golpista se líe a tiros en el Congreso, y que salgan los tanques a la calle. Despreciable.

Albert Rivera (Ciudadanos), por su parte, es un auténtico producto de marketing político. Su agresividad es proporcional a su demagogia, su ignorancia lo es a sus intereses. Sus virajes ideológicos han sido antológicos desde el nacimiento de su formación política (lo único que no ha variado es su aversión a Unidas Podemos), que se comporta catapultando cada causa que creen que les dará réditos electorales, lo que ocurre es que Ciudadanos la pervierte tan sólo con incorporarla a su ideario. Ahora proclaman un “feminismo liberal”, lo cual demuestra que no han entendido absolutamente nada. Algo parecido les ha ocurrido con el asunto de la eutanasia, en el cual han pasado desde bloquearla en el Congreso a pedir que se sumen para regularla. Y es que sus dirigentes políticos no tienen ninguna credibilidad. Y cuando le abordan con alguna idea o propuesta para la que no tiene respuesta, Albert Rivera, que es el niño de los Pactos de Estado, se inventa su “Pacto de Estado para…”, lo cual le viene siempre muy bien como estupenda muletilla para quitarse la responsabilidad de encima, y despachar a los periodistas quedando como un magnífico estadista. Nada más lejos de la realidad.

Y por su parte, el tercero en discordia, mejor dicho en concordia y en plena sintonía (por mucho que pueda criticar en los mítines a sus compañeros de viaje) es Vox, esa formación que ha surgido como escisión heavy del PP, es decir, son fachas sin complejos, fachas que se jactan de serlo, que incluso presumen de serlo (representantes de “la incultura, la derrota de la razón y el rebuzno”, en expresión de Javier Cortines). No hay que ser extremadamente inteligente para darse cuenta de que Vox existe gracias al bipartidismo (es decir, a los Gobiernos precedentes de PP y PSOE), que no han conseguido que se pase de verdad la página franquista de nuestro país. Ellos son la máxima representación del franquismo sociológico que nos afecta. El Profesor Vicenç Navarro lo enmarca clara y directamente en el fascismo: “Cada una de las características del fascismo se presenta en esta nueva derecha: su nacionalismo radial extremo, con bases supremacistas de carácter racial, su canto a la fuerza y a la represión, su machismo, su defensa del status quo y su dependencia del apoyo del sector reaccionario del mundo empresarial, de la jerarquía eclesiástica y de gran parte del generalato”.

La lista de propuestas e ideas de Vox es realmente obscena y surrealista. Santiago Abascal ha propuesto que los “españoles de bien” (¿?, debe ser algo así como las “personas normales” de Rajoy) puedan portar armas para su defensa personal. Su número 2, Ortega Smith, se atrevió a afirmar en una conferencia en el Parlamento Europeo que “sin la Batalla de Lepanto y sin la Reconquista, quizá todas las mujeres de esta sala vestirían el burka”. Y el número 3 de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en una entrevista a un medio de Miami a mediados de marzo, se despachaba a gusto escupiendo su desprecio a la izquierda, que según él, es “sucia, mal vestida, con coleta…”, y otras lindezas varias. Pero el resto de sus últimos fichajes no se quedan atrás: ex militares franquistas, historiadores que justifican el holocausto nazi, que aborrecen la homosexualidad, que detestan el feminismo, que afirman sin despeinarse que “el franquismo no era un régimen totalitario ni de lejos”…En el Parlamento Andaluz llamaron despectivamente “buscahuesos” a los defensores de la Memoria Histórica.

La sarta de barbaridades va en aumento, en una especie de espiral desatada a ver quién la dice más gorda. Los de Vox no sólo representan a la España ignorante, negacionista, franquista e involucionista, sino también a la España rancia de los toros, las peinetas, las mantillas y la caza. Desprecian absolutamente los derechos humanos, y de ahí su incapacidad para integrarse en un verdadero sistema democrático. Javi Ranvich los ha definido muy bien en su artículo para el medio Nueva Revolución: “La ideología de Vox es comparable con la peste negra: se extiende por toda Europa, sus efectos negativos son sufridos principalmente por personas con pocos recursos, y ambas encuentran su contexto ideal en el siglo XIV”. Sus últimos fichajes para sus listas electorales han sido militares retirados, de aquéllos que firmaron el Manifiesto a favor de la figura “militar” de Francisco Franco. Ahí es nada. También han situado a una supuesta “invasión islamista” como el enemigo de todo: de la libertad, de los valores, del progreso, de la familia…Sólo les ha faltado culparles de las siete plagas de Egipto. Por ello, una asociación musulmana les ha denunciado por presunto delito de odio. Sus referentes son Don Pelayo e Isabel La Católica. Al estilo de Trump, Abascal quiere “volver a hacer grande a España otra vez”. Para Vox, ello implica también ilegalizar a Unidas Podemos y a las formaciones independentistas.

Y como decíamos más arriba, los últimos fichajes de la peligrosa formación verde provienen de las filas del Ejército, concretamente de ex militares en la reserva, muy apegados nostálgicamente a la figura del general Franco. José Antequera, en este artículo para el medio Diario 16, ha explicado esta estrecha relación de Vox con los militares, y sus posibles consecuencias: “Sin duda, con los últimos fichajes de generales retirados, Abascal ha encontrado un nicho de votos en cuarteles y comisarías, ya que policías, guardias civiles y militares suman 270.000 efectivos, un más que jugoso granero. No hace falta decir que se trata de colectivos conservadores que se sienten tradicionalmente maltratados por los respectivos gobiernos a causa de los bajos salarios y precarias condiciones laborales. Reductos de profesionales sumidos en un profundo malestar desde hace años donde el discurso ultra tiene un fuerte tirón. El fichaje de los ex generales hará sin duda que muchos de ellos se decidan a votar por el partido de extrema derecha. Al mismo tiempo, en esos mismos sectores reaccionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado culpan a Zapatero y a Rajoy de la mano blanda que el Estado ha empleado con Cataluña, de tal forma que ven en Vox la solución al mal”. De hecho, las diversas manifestaciones de las asociaciones de estos cuerpos han sido apoyadas por el trifachito, y sus líderes han acompañado a las mismas en varias ocasiones.

En el terreno económico, las salvajadas que esta Tríada derechista pretende llevar a cabo inciden (como siempre cuando gobierna la derecha) en aumentar las brechas sociales y las desigualdades, rebajar impuestos a los más ricos (grandes fortunas y corporaciones), revertir las medidas tomadas en pro del Estado del Bienestar, continuar desmantelando empresas públicas, y como propone Daniel Lacalle (el nuevo gurú económico del PP), ir privatizando paulatinamente el Sistema Público de Pensiones, eliminar el salario mínimo, y otras lindezas por el estilo, a tenor de las brutales declaraciones de este economista, negacionista del cambio climático y que tilda al Estado de “fondo buitre”, tal como nos informa Laura Olías en este artículo para eldiario.es. Este convencido economista del ala ultraneoliberal ha criticado la tibieza de las medidas de austeridad tomadas en España durante la crisis, ha defendido el fracking, ha minimizado la magnitud de los desahucios, ha apostado sin fisuras por la gestión privada de lo público, y por endurecer y ampliar las políticas de recortes sociales y laborales. Y al igual que los economistas de Vox, sostiene que no hay derechos adquiridos, y que el Estado no ha de proporcionar ningún servicio (únicamente los que se refieran a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es decir, el Ejército y la Policía). Daniel Lacalle cree que es necesaria una mayor desregulación del mercado de trabajo, sostiene que “la protección social generosa se carga el empleo”, y ha declarado que eliminaría las ayudas de Cooperación al Desarrollo. Sin más comentarios.

Por su parte, el programa económico de Vox es directamente un instrumento al servicio de los más ricos y poderosos, y un ataque flagrante a las clases más débiles y vulnerables. Este magnífico artículo colectivo de eldiario.es nos lo resume: Vox hace todo un elogio de la reforma laboral del PP (2012), pide revisar nuestro sistema de protección al desempleo por ser “uno de los más generosos y de los más prolongados de la UE”, propone una “devaluación fiscal” que consistiría en “sustituir cotizaciones sociales por incrementos de la recaudación por IVA e impuestos especiales”, ataca de forma directa a la escuela pública asegurando que la equidad en este modelo es “un espejismo”, y proponen que “se descuelgue del sistema sanitario público” a los ciudadanos que apuesten por una mutua privada. Afirman sin despeinarse que “El Estado accionista debe desaparecer del panorama empresarial español” (en román paladino, que piensan privatizar las pocas empresas públicas que vayan quedando). Vox desea dar todo un vuelco completo al sistema laboral, fiscal y de protección social de nuestro país durante los últimos 40 años. Y ante la “avalancha de pensionistas”, proponen que el sistema de pensiones migre a un sistema semiprivado. También proponen dejar los tramos de IRPF en dos (un tipo del 22% hasta los 60.000 euros y otro del 30% cuando se supere esa cantidad), y establecer un tipo único del 22% para el Impuesto de Sociedades. Así mismo, proponen limitar el derecho de huelga, y saltarse los Convenios Colectivos en pro de pactos individuales empresa-trabajador/a.

También abogan por la liberalización del transporte ferroviario, la libertad de contratación sin restricciones en el mercado del alquiler, y la creación de un “cheque escolar” para las familias, equivalente “al coste medio de un puesto escolar en un centro público”. En sanidad, proponen también la implantación de un “sistema de copago para los inmigrantes cuya residencia sea inferior a los cinco años”, anulando por tanto la universalidad del sistema. Para Vox, los costes de las indemnizaciones por despido en España son elevados (“entre los más altos de la OCDE”), y consideran que las prestaciones por desempleo “prolongan de manera artificial la duración del desempleo”, ya que no generan incentivos para la búsqueda activa de empleo. Es, como vemos, el mismo discurso duro y antisocial de los más altos dirigentes empresariales, y de sus respectivas asociaciones. Y en el terreno laboral proponen, además de las vergonzosas medidas ya comentadas, que los Tribunales de lo Social no puedan rechazar la validez de los ERE, eliminar la ultraactividad de los Convenios, e implantar un “salario de inserción” para los jóvenes y demandantes de primer empleo, que esté exento del pago de cotizaciones sociales. Clasismo puro y duro y sin complejos, ataques laborales a troche y moche, y desmantelamiento de los sistemas de protección social, obedeciendo los parámetros donde se mueve la ultraderecha insolidaria y clasista. ¡Cuántos empresarios/as estarán babeando para que se implanten sus medidas!

Vox define el Sistema Público de Pensiones como “un lastre para el crecimiento económico de España, un escollo insalvable para reconducir las finanzas públicas a la senda de la estabilidad y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas”…¿Alguien da más? ¿Habrá en España algún pensionista que vote a Vox? De entrada, proponen el retraso en la edad de jubilación, introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral y aumentar el número de años cotizados exigidos para obtener una pensión. Pero como consideran (¡qué inteligentes ellos!) que el sistema, aún con estas medidas, seguirá siendo insostenible, proponen un “sistema mixto” (que se implantaría por tramos de edad) que contaría con una parte de reparto (el Estado sólo aseguraría una pensión ridícula, indigna y residual) y otra parte privada, en la que el trabajador o trabajadora depositaría la mitad de su cotización en una cuenta bancaria que gestionarían fondos privados de inversión. ¡El sueño de los bancos hecho realidad! Y la miseria de los pensionistas también. Si a todo ello unimos que Vox pretende aún más barbaridades sociales, tales como perseguir a quienes ayuden a los migrantes irregulares, ya tenemos el mosaico que nos presenta al mayor engendro político que hemos presenciado desde el advenimiento de la “democracia” en nuestro país. La sola presentación de un programa electoral con estas medidas debería ser considerado un delito penal y un atentado grave a los derechos humanos, y cualquier organización que lo presentara debería ser ilegalizada de forma inmediata.

La reorganización de esta derecha tricéfala y fascista, manifestada en la unión de estos tres personajes y sus respectivas formaciones políticas, es la expresión manifiesta de la salida autoritaria que las clases dominantes pretenden darle a la crisis del Régimen del 78, un régimen antidemocrático por naturaleza, antisocial y borbónico, corrupto y podrido, que debe ser abolido. Para evitarlo, la tríada derechista prepara una involución en toda regla: amenazan con un 155 perpetuo en Cataluña, que sería una grave conculcación de derechos y que afectaría al resto de nacionalidades, Galicia y el País Vasco, y a todo el Estado; prometen volver atrás en derechos de las mujeres, atacar a los colectivos LGTBI, expulsar a los migrantes, enterrar la memoria histórica (mientras subvencionan a las Cofradías de Semana Santa, como están haciendo en Andalucía), mantener y profundizar los recortes sociales que ya llevara a cabo el bipartidismo, y recuperar y consagrar “tradiciones” históricas aberrantes, así como actividades perjudiciales para el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Vamos a seguir haciéndole el juego a esta peligrosa ultraderecha? Cualquier discurso contrario a los Derechos Humanos debiera ser ilegalizado, provenga de donde provenga. Por tanto, y como muy bien explica Jordi Ortiz en este artículo para el medio Nueva Revolución: “Quien auspicia el ascenso del fascismo es quien contribuye a generar un marco mental colectivo que acepta y normaliza la presencia de sus discursos de odio. Quien lo pone en el centro es quien lo introduce en platós televisivos, en estudios de radio o en páginas de prensa en aras de una supuesta pluralidad política mal entendida, porque la negación de los derechos humanos nunca debe tener un lugar reservado para extender su odio en democracia. Quien le abre una autopista para que circule libremente es quien acepta sus votos y sus condiciones para formar gobierno en alguna institución”.

Pero no nos engañemos: este giro a la derecha también ha sido provocado por la propia izquierda al dejar de serlo, al volverse una izquierda descafeinada, al caerse Podemos de sus propuestas originarias, y al ir convirtiéndose el PSOE en otro partido más del régimen del 78. Hoy sólo podemos encontrar en el arco electoral una derecha dura o una derecha blanda, porque la izquierda revolucionaria y transformadora ha sido barrida del mapa. Este desencanto puede conducir a una peligrosa situación de abstención masiva (como ya ocurrió en Andalucía), que claramente beneficiaría a estos partidos de la derecha más dura. Porque tras 9 meses de Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, las principales líneas de actuación del PP han quedado intactas: no se ha derogado la Reforma Laboral, ni la LOMCE, ni la Ley Mordaza, ni han mejorado las condiciones de vida de la clase trabajadora, más allá de algunas migajas concedidas a última hora, quizá para reconquistar el voto de los tránsfugas. No ha existido voluntad (en realidad nunca la hubo) de enfrentarse clara, valiente y decididamente contra los intereses de las clases dominantes, de los ricos y poderosos, de las grandes fortunas, de las grandes empresas, ni de los dictámenes de esta Unión Europea del capital.

Visto lo visto, creo que debemos plantear las próximas elecciones del 28-A como una guerra electoral, porque son ellos o nosotros. O conseguimos que la izquierda (aunque sea descafeinada) consiga gobernar, o vendrán los “trillizos reaccionarios” (en expresión de Irene Montero) y nos veremos amenazados con más recortes sociales, y el derribo de todos los derechos fundamentales y servicios públicos de los que aún disfrutamos. Pero ojo, porque si esta nueva oportunidad no es aprovechada de verdad para desplegar un plan de doble ruptura (por un lado, ruptura con el Régimen del 78, autodeterminación de los pueblos, y referéndum Monarquía-República, y por otro lado, ruptura con las políticas neoliberales y con la Unión Europea del capital, abandonando la austeridad y recuperando los derechos y conquistas sociales perdidas, auditando y repudiando la deuda pública, y atendiendo las verdaderas necesidades sociales), lo que estaremos consiguiendo de nuevo es que la clase trabajadora se acerque aún más a la Tríada derechista, ante la incapacidad de implementar desde la izquierda nuevos modelos sociales y nacionales que den solución a sus necesidades.

Para ello es necesaria una movilización social sostenida, amplia y constante, aglutinadora de todas las Mareas y movimientos ciudadanos que se han situado a la izquierda del PSOE e incluso de Podemos, porque en caso contrario, los 7 años de gobierno de M. Rajoy nos parecerán un camino de rosas al lado de lo que se avecina. Hemos de tener claro que contra la derecha franquista sólo cabe la lucha por la República y el Socialismo, que cualquier intento de quedarse a medias tintas será aprovechado por esta derecha involucionista y sin complejos, para atarnos aún más de lo que lo estamos al podrido Régimen del 78. Es más, si la siguiente legislatura es gobernada por partidos de la izquierda parlamentaria, hemos de exigirles que las formaciones políticas y demás organizaciones sociales (asociaciones, fundaciones, etc.) que no respeten escrupulosamente los Derechos Humanos sean inmediatamente ilegalizadas. Bajo la falsa bandera del “constitucionalismo” y del patrioterismo barato y excluyente que promueven, no podemos consentir el ataque y la vulneración de los Derechos Humanos. La triada derechista representa a la España casposa, intolerante, trasnochada y anacrónica. Son la España de la crueldad y del odio, del crucifijo y de la espada, que pretende eliminar las libertades y los distintos logros sociales que generaciones enteras de hombres y mujeres han conseguido tras muchos años de luchas y de compromiso. Para impedirlo, es necesario que la jornada del 28-A sea masiva y contestataria, que todo el mundo participe, que nadie se quede en casa, que no se pierda ni un solo voto. En situaciones críticas como la actual, todos los sufragios cuentan, y han de ser profundamente meditados y conscientes.

En resumidas cuentas, el resultado electoral del próximo 28 de abril va a tener una gran trascendencia, durante los próximos años, para los intereses y derechos de la mayoría social, y especialmente de los sectores más vulnerables. Ante el peligro real de un gobierno de este frente reaccionario, que imponga nuevos recortes sociales, laborales y políticos, debemos invocar a la conciencia de las clases trabajadoras y a su responsabilidad, para no facilitar ni con su voto ni con su abstención la victoria de la ultraderecha que nos amenaza. La clase trabajadora, la juventud, los pensionistas, las mujeres, los migrantes, los estudiantes…todos los colectivos afectados deben unir sus esfuerzos, converger sus luchas, para frenar al “trifachito”. Cuantos menos apoyos electorales del conjunto de la ciudadanía obtenga esta peligrosa derecha en sus tres vertientes, más posible será un escenario donde poder aplicar políticas de cambio social al servicio de la gran mayoría, y consolidar los avances necesarios en servicios públicos, en derechos laborales, en pensiones, en igualdad entre hombre y mujer, en calidad de vida para las clases populares. Rafael Almazán lo ha resumido magníficamente: “Un panorama difícil, donde la izquierda más allá del PSOE tiene que reaccionar y conseguir el apoyo electoral necesario para que ese tridente ultramontano, aznarista y fascistoide, formado por las tres derechas, no pueda formar gobierno. Es el momento, ahora o nunca”.

BLOQUE VI. POBREZA INFANTIL

Comenzamos a partir de esta entrega la exposición de la faceta de la desigualdad que afecta a la niñez, al desarrollo más primigenio del ser humano, donde las experiencias, desarrollos y aprendizajes son absolutamente vitales para los futuros adultos que serán. Bien, lo primero que tendríamos que afirmar, lisa y llanamente, es que la pobreza infantil no existe, sino que es, en realidad, otra manifestación más de la pobreza. Básicamente, los niños y niñas del mundo son pobres porque lo son sus padres, pero también porque el mundo se despreocupa de esos niños y niñas. Dado el tremendo auge de la misma (es decir, de la pobreza en su manifestación durante la infancia), hemos preferido concederle un bloque temático separado, para así enfatizar la suprema importancia que esta faceta posee en la arquitectura social de la desigualdad. Ya a mediados de 2016, el portal Infolibre publicaba que la tasa de pobreza infantil severa en España había crecido en medio millón de niños más desde 2008, cuando más o menos comenzaron a manifestarse las consecuencias de la crisis en todo su rigor. La organización Save The Children alertaba de que la "salida de la crisis", tan pregonada por nuestros indecentes gobernantes, no era más que un espejismo, y denunciaba la debilidad del sistema español de protección social a la infancia. Tomamos datos a continuación desde dicho artículo. Infolibre recogía que un 3,2% de los hogares no pueden permitirse una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano tres veces a la semana. Casi 940.000 niños y niñas viven en un hogar donde no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada (pobreza energética, de la cual nos ocuparemos también a fondo en el siguiente bloque temático). La tasa de pobreza alcanza el 16,7% entre los menores de 18 años, y hasta datos de 2015, 1.390.000 niños viven en hogares que cuentan con unos 9.000 euros de ingresos anuales. El retrato más doloroso es el de hogares monoparentales (monomarentales, en realidad), de mujeres que viven con sus hijos/as, y que entre diversas ayudas económicas y algunos trabajos esporádicos, en los mejores casos, reciben unos míseros ingresos al mes con los que tienen que hacer frente a todos los gastos. 

Normalmente se trata de niños y niñas que aún escolarizados/as, no pueden comenzar sus cursos con los libros de texto y materiales adecuados, que han de cancelar visitas a dentistas u otros profesionales sanitarios, y que en su entorno familiar carecen de bastantes de sus necesidades. El porcentaje de niños en esta situación, conocida como pobreza relativa, sigue en aumento y afecta especialmente a los niños y niñas de entre 12 y 17 años (el 35,5%), el tramo de edad crítica para su trayectoria educativa o inserción futura en el mercado laboral. Sin embargo, la población más afectada es la que se encuentra en situación de pobreza severa. Un niño que viva con sus dos padres se encuentra en esta situación si los ingresos del hogar son inferiores a 9.612 euros anuales. La pobreza se mide también (véanse las primeras entregas de la serie, donde introdujimos varios indicadores de la misma) por el llamado "Índice de Privación Material", que mide los retrasos en el pago de recibos de vivienda o de determinadas compras vitales, la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos, la posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos, poder garantizar una ingesta de carne, pollo, pescado o su equivalente vegetariano cada dos días, la posibilidad de salir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, o de disponer de un vehículo, lavadora, televisión a color o teléfono. Pues bien: es España, a la fecha indicada, casi 760.000 niños, lo que supone el 9,1% de la población infantil del país, vivían en hogares incapaces de cumplir al menos cuatro de estos indicadores. Antes de la crisis, es decir, hasta 2007, había un 40% menos de hogares en esta situación. De los datos aportados se deduce que casi 270.000 niños podrían estar sufriendo malnutrición en España, y un 11,3% de la infancia de nuestro país sufriría pobreza energética. 

Save The Children denuncia que a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, España cuenta con un sistema de protección social a la infancia débil, con prestaciones más bajas, de acceso demasiado restrictivo y donde prima la existencia de ayudas aplicadas sobre la Declaración de la Renta (IRPF) de los padres. Esta ONG propone reforzar este sistema insuficiente, aumentando por ejemplo la prestación por hijo/a a cargo hasta los 100 euros mensuales por niño, con una bonificación adicional del 50% para familias monoparentales, pues en ellas entran de media menos ingresos que en las familias con ambos progenitores. Bien, como hacemos siempre, vamos a extrapolar también las cifras a escala mundial, porque como venimos contando, la arquitectura de la desigualdad es un elemento global que se proyecta a todos los países del mundo. Eduardo Camín nos presenta en este artículo reciente para el medio Alainet el panorama mundial de la protección a la infancia, que tomaremos como referencia a continuación. Unicef y la OIT son las dos organizaciones firmantes del informe de referencia, que ponen de manifiesto la necesidad urgente de extender la protección social a todos los niños, para sacarlos de la pobreza y de sus devastadores y traumáticos efectos. El panorama más típico dibuja unos programas de protección social a la infancia de coberturas limitadas, niveles de prestaciones inadecuados, fragmentación y una pobre institucionalización. Algunos países sujetos a un proceso de consolidación fiscal están reduciendo los subsidios, en lugar de extender las prestaciones, como fue acordado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A nivel mundial, sólo un 35% de los niños goza de protección social, con cifras que oscilan desde el 87% en Europa y Asia Central, 66% en América Latina, 28% en Asia y 16% en el continente africano. El panorama es, pues, tremendamente desolador. Según Isabel Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT, la pobreza infantil puede ser reducida de la noche a la mañana con una protección social adecuada. Es decir, que si existiera la voluntad política suficiente, se podría alcanzar la protección social universal, pero desgraciadamente, no se hace. Este tipo de prestaciones son un elemento vital de las políticas dirigidas a mejorar el acceso a la nutrición, la salud y la educación, puntales principales, así como para reducir el trabajo infantil, la pobreza y la vulnerabilidad de los niños del mundo. Por su parte, Alexandra Yuster, Directora Asociada y Jefa de Inclusión Social y Políticas de UNICEF, ha declarado que "La pobreza afecta a los niños de manera particularmente grave, ya que sus consecuencias pueden hacerse sentir a lo largo de toda la vida. La malnutrición y la pérdida de años de educación, que con frecuencia derivan de la pobreza, son una tragedia para el individuo, su comunidad y la sociedad". Esta investigadora pone los puntos sobre las íes, al dar en el clavo de lo más terrible de la arquitectura social de la desigualdad, que es proyectarla sobre el mundo infantil, porque es un mundo que se está formando, son los adultos del futuro, y evidentemente, les estamos recortando e imposibilitando su desarrollo, su formación y sus necesidades vitales. Esta es la verdadera tragedia de la pobreza infantil, el hecho de que supone una brusca interrupción en las necesidades incipientes del ser humano, durante su crecimiento. A esa edad las personas no son autosuficientes, luego si no somos capaces de diseñar un mundo que garantice que los niños no tengan que pasar privaciones, nos encontraremos con un mundo más desigual en el futuro, y con personas que arrastran graves y profundos déficits en todos los indicadores vitales. 

De esta forma, proyectar la desigualdad y la pobreza sobre la infancia solo nos traerá mayores injusticias sociales, perpetuando la explotación del actual orden económico dominante, tanto en el plano nacional como internacional. Quizá sea ésta la manifestación más cruda de la profunda insensibilidad del mundo capitalista en el que vivimos, que contempla sin inmutarse el tremendo sufrimiento social que estamos causando a nuestros niños y niñas. Ya sabemos que la crisis general del capitalismo implica su decadencia, su descomposición, conduciéndonos al abismo, y abarcando al conjunto de la humanidad, perturbando a fondo su economía, su régimen social, político, ideológico y cultural, como afirma Eduardo Camín en su artículo. Pero si además todo esto lo proyectamos y hacemos víctimas de ello a la infancia, estamos multiplicando el daño para las futuras generaciones. Camín expone muy sabiamente: "Aceptamos con cierta normalidad que la riqueza del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon, alcanzó el año pasado 112.000 millones de dólares. Al tiempo que se nos indica que "el presupuesto de salud de Etiopía equivale al 1% de su fortuna", debemos al menos interpelarnos, porque si esto no es una descomposición y decadencia de un sistema económico (además de una injusticia flagrante), entonces posiblemente no hemos entendido nada, en todos estos años sobre las injusticias que nos gobiernan". En efecto, nuestra insensibilidad para "digerir" estos datos y quedarnos tan tranquilos es absolutamente pasmosa y preocupante. De manera general, la riqueza de los 26 mayores multimillonarios del mundo aumentó en 900.000 millones de dólares durante 2018, a un ritmo de 2.500 millones de dólares por día, mientras los ingresos de la mitad más pobre de la población del planeta cayeron en un 11%. Al mismo tiempo, uno de cada cinco niños vive en las formas más extremas de pobreza (menos de 2 dólares al día), mientras que a una vaca europea se le destinan de 2,5 a 3 euros diarios, y casi la mitad de los niños del mundo viven en situación de pobreza "moderada" (menos de 3,10 dólares al día). Los datos son machacones, incisivos, denigrantes, espectaculares, insufribles, incontenibles. Pero son la realidad. Esa realidad que hemos creado. Continuaremos en siguientes entregas.

La lista de sandeces, barbaridades y estupideces de los líderes de la derecha política (hoy expresada en el trifachito PP-C’s-Vox) es realmente espectacular. No tienen bastante con incluir en sus listas electorales a personajes venidos de profesiones tan “edificantes” como el toreo y las Fuerzas Armadas, sino que además van de disparate en disparate. Proclamas y medidas de corte falaz, ordinario, ignorante y desconcertante, que ni siquiera se molestan en estudiar a fondo, con lo cual, cuando los periodistas les interrogan un mínimo de dos veces sobre el asunto, quedan en el más espantoso de los ridículos. Eso mismo le ha ocurrido a la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso, cuando ha anunciado recientemente en un desayuno informativo que (agárrense): “El concebido no nacido se considerará como un miembro más de la unidad familiar, para que se le pueda tener en cuenta a la hora de expedir el Título de Familia Numerosa, o de cara a una plaza escolar”. Y se ha quedado tan pancha. Cuando un periodista presente en el acto le ha preguntado qué pasaría si hay problemas durante el embarazo, la candidata, después de balbucear un poco, ha respondido que “no lo había pensado”. Claro, porque seguramente si lo hubiera pensado, se hubiera dado cuenta de la barbaridad que había anunciado.

Porque para empezar…¿Quién es el “concebido no nacido”? Respuesta: Nadie. A lo más que llega nuestro Diccionario de la Real Academia es a la siguiente acepción de “Concebir”: “Referido a una hembra: empezar a tener un hijo en su útero”. Esa denominación (difundida por la Iglesia Católica, por cierto) está basada en intentar conceder un protagonismo actual a una existencia futura, es decir, en potencia. Se refiere a “alguien que será, pero que todavía no es”. Porque para que sea, simplemente, tiene que haber nacido. La “concepción” (aplicada al ámbito que tratamos) no existe, sino la fecundación. El “No Nacido” nos lleva por otra parte a pensar que pudiera existir el contrario, es decir, “El Nacido”, pero ya entonces tampoco lo llamaríamos así, sino por su nombre o identificación social, jurídica, personal o familiar. ¿Tiene sentido hablar entonces de que el “concebido pero no nacido aún” es alguien? Sólo desde un punto de vista fundamentalista religioso (católico, en nuestro caso) puede sostenerse tal afirmación, porque la religión sí concibe “la vida humana” desde la unión del óvulo y el espermatozoide. Pero en realidad, la sociedad entiende y habla de personas desde que ocurre el nacimiento, y alguno de los progenitores inscribe al bebé nacido en el Registro Civil.

Es entonces cuando a todos los efectos existe esa persona, tanto en su dimensión física, como jurídica y social. ¿Tendría sentido entonces hacer proyecciones con los “concebidos no nacidos”? ¿Tendría sentido contabilizarlos como población activa? ¿Quizá como futuros cotizantes? Si lo extrapolamos al mundo real, tampoco tiene mucho sentido hacer estadísticas con personas y situaciones en potencia: ¿Tendría sentido contabilizar a los estudiantes de Medicina como médicos en potencia? Sólo cuando finalizan sus estudios, aprueban el MIR y acceden a una plaza, son verdaderamente médicos para el sistema. De igual forma, ¿tendría sentido que una Cofradía contabilizara los embarazos de sus feligresas como miembros de la misma? Son ejemplos del contrasentido al que se podría llegar si aplicáramos la medida de la candidata del PP a cualquier otro contexto.

Lo que hay detrás de todas estas absurdas y fanáticas medidas es la presión de los denominados “Grupos Pro-Vida”, todos ellos fundamentalistas religiosos, que hacen presión en la bancada de los grupos políticos de la derecha, para inculcar sus obsesivas medidas contra el aborto. Y todo vale en su objetivo de “abortos-cero”. Estos grupos consideran la vida un “Don de Dios”, porque para ellos sólo Dios puede darnos la vida y también quitárnosla, en lo que coinciden con los parámetros donde se mueve la Conferencia Episcopal, y que además les llevan a oponerse frontalmente a otros asuntos, como la eutanasia, que ha vuelto a salir recientemente a la palestra a través de otro penoso y mediático caso. Estos grupos parten de una cosmovisión religiosa en torno a la concepción (esta vez usamos la palabra con la acepción de “comprender, asimilar, entender”) de la vida humana, por efecto e influencia de los preceptos de la Iglesia Católica en nuestra sociedad, y por tanto consideran que cualquier acción, decisión o comportamiento que lleve al ser humano a “interferir” en los procesos de esa “concepción” de la vida y de la muerte, es contraria a los designios de Dios, y no debe ser permitida.

El aborto ahora es combatido en positivo, y por ello el candidato del PP Pablo Casado ha propuesto en este contexto una Ley de Ayuda a la Familia. En el fondo, es esta dimensión “divina” de la vida humana la que les interesa, lo que prevalece, la razón última de la defensa de sus políticas. Pablo Casado ha dejado dicho: “Si pretendemos favorecer la natalidad, tenemos que pensar en cómo ayudamos a las madres a tener los hijos, no en cómo los abortamos”. En vez de tanta proclama falaz, más les valdría ocuparse de la propia dimensión humana de la vida, la cual parece que descuidan en cuanto esos fetos nacen. Por eso nos suena a fanatismo rancio eso del “concebido no nacido”, porque además suele ser la misma gente que defiende la ley del darwinismo social, que proclama que la sociedad debe, después de que haya nacido, abandonar a cada cual a su suerte, para que venza y triunfe el más fuerte, el más poderoso, el que posea más medios.

Esos mismos a los que tanto les interesa la “vida” son los mismos que defienden la competitividad, la desigualdad, el egoísmo, el individualismo, valores que tanto se alejan de la humanidad, sobre todo en su dimensión social. Esos mismos que tanto alaban la “vida” son los mismos que están en contra de la protección social, de los servicios públicos, y de los humanos valores del bien común, de la igualdad, de la cooperación, de la confraternidad. A estos que tanto defienden la “vida” más les valdría estar en contra del neoliberalismo, porque éste sí que acarrea muerte, destrucción, odio, competencia, miseria y caos. Pero no, parece ser que para ellos/as, el único tramo de la vida digno de ser protegido es el del “no nacido”. Y una vez nacido, parece que no importa si no puede ser criado y alimentado por sus padres (la pobreza infantil se ha disparado en nuestro país durante los últimos años), si no pueden darle una buena educación, si la sanidad no puede atender sus posibles enfermedades, si (en el caso de ser una persona discapacitada) la sociedad renuncia a su deber de asistencia, si una vez adulto no puede disfrutar de un trabajo digno, de una vivienda digna, o si una vez ancianos/as, la sociedad no le garantiza unas mínimas prestaciones para seguir viviendo dignamente. Parece que todas estas dimensiones de la vida, como ya son humanas y terrenales, no divinas, ya no interesan tanto, y las personas se pueden ver abocadas a su suerte, y continuar viviendo en la pobreza, en la miseria, en la indigencia, en la barbarie, en la precariedad, en la exclusión, en el desempleo o en el exilio. ¿No deberíamos también proteger a los “concebidos nacidos” en todo momento de su vida?

En la propia doctrina y comportamiento de la Iglesia Católica encontramos la base del pensamiento de estos grupos: frente a la defensa más enraizada de la vida del “concebido no nacido”, y frente al más enconado fervor por penalizar el aborto y estigmatizar a las mujeres que defienden el derecho a poder practicarlo cuando entiendan que no van a poder procurarle a su hijo/a esa vida, se encuentra también el mayor silencio, la mayor complicidad, la mayor colaboración y la mayor insensibilidad moral a la hora de alinearse y de defender las políticas capitalistas y neoliberales, esas que atacan al auténtico derecho a la vida. Por tanto, ¿están por la vida humana en toda su dimensión, o son simples rehenes de un integrismo religioso? Las conclusiones y los planteamientos no pueden estar más claros. Que cada cual se sitúe en la posición que quiera, pero que no intenten darnos gato por liebre, e inculcarnos una sesgada y ciega fe en un supuesto derecho a la vida sólo mientras somos un conjunto de células en división constante, mientras se nos niega cuando ya somos personas, seres sociales, con personalidad jurídica.

Y es que en el fondo, el PP no sabe ya qué medidas va a proponer para desincentivar y desmotivar a las mujeres embarazadas para que no aborten (obsesionado como está con este asunto), que ya deliran y protagonizan los ridículos más espantosos. Hace pocos días, en entrevista radiofónica, también le preguntaban por este asunto al número 2 por Madrid, Adolfo Suárez Illana (“de atrás le viene el pico al garbanzo”, como reza el dicho popular), y éste respondía con absoluto desparpajo que “En Nueva York acaban de aprobar una ley para que se pueda practicar el aborto después de haber nacido”, sin caer en la barbaridad que había dicho, porque precisamente, si el feto ya ha nacido, no puede haber “aborto”, porque este término se aplica únicamente para la interrupción del embarazo, y lógicamente, si el embarazo ha llegado a su fin y el feto ha nacido, no se puede hablar de aborto. Como es lógico, el candidato tuvo que disculparse también esa misma tarde, por sus poco afortunadas declaraciones. En fin…¡qué daño están haciendo las Iglesias de todo el mundo a la vida de las personas! Rompamos con la tremenda hipocresía e ignorancia de los que se alzan en paladines del “derecho a la vida” y de la importancia del “concebido no nacido”, pues no son más que fanáticos fundamentalistas y voceros del cruel y feroz sistema capitalista que ataca a la vida, a todas las formas de vida, de forma continua y despiadada.

Hemos de ir ya finalizando este quinto bloque temático de la serie, dedicado a la desigualdad en el mundo del trabajo y de las empresas. El trabajo humano, como hemos venido exponiendo, está siendo objeto de profundas transformaciones, algunas derivadas de la propia evolución tecnológica, pero otras derivadas de la perversa globalización neoliberal. El mundo del trabajo deberá sufrir una gran revolución, no sólo con el instrumento de la renta básica universal (RBU), a la que hemos dedicado profunda atención en las entregas anteriores, sino también por el hecho de que determinados trabajos, ocupaciones y empleos son perjudiciales para el bienestar social, y para la salud de nuestro planeta. La desigualdad en el mundo laboral hay que revertirla no sólo mediante la RBU, sino también dotando de más capacidad a los representantes de las clases populares y trabajadoras, y no permitiendo que ciertos sectores laborales vayan cayendo en las trampas de los nuevos nichos de mercado, y de los nuevos modelos de negocio, basados en las plataformas digitales. No podemos permitir que la revolución tecnológica, que afecta a todas las facetas de nuestra vida, pueda llegar al mundo laboral para precarizarlo, generando nuevas y profundas bolsas de pobreza en personas que poseen algún tipo de actividad. Hemos igualmente de reivindicar no sólo las acepciones capitalistas del "trabajo", sino también las versiones sociales y comunitarias de los mismos: ocupaciones de cuidados, reparto del trabajo existente, fomento del tiempo libre, renta básica, capacidad de negociación, planes de empleo garantizados, etc. Debemos orientar los trabajos humanos desde las perspectivas de género, abolir la visión de los trabajos asalariados como las únicas versiones aceptables de trabajo, apostar por la utilidad y rentabilidad social de los empleos, y descartar trabajos, ocupaciones o proyectos que vayan en contra o perjudiquen el resto de parámetros que hay que conservar (pacifismo, ecologismo...). 

Necesitamos grandes dosis de ética en el mundo laboral, criticar los parámetros dominantes del trabajo, e ir introduciendo otras visiones, conceptos y valores en el mundo laboral. Debemos sacar a flote todo el mundo del trabajo de cuidados, mayoritariamente desarrollado por mujeres, no sólo para acabar con la división sexual del trabajo, sino también para reconocer como económicamente indispensables dichas actividades, que no se suelen remunerar, porque quedan escondidas en el ámbito familiar y privado. En este sentido, la ONG Oxfam Intermón ha llevado a cabo un cálculo curioso, y ha llegado a la conclusión de que si una única hipotética empresa se encargase de realizar todo el trabajo de cuidados no remunerado que actualmente llevan a cabo las mujeres de todo el mundo, su facturación anual ascendería a...¡10 billones de dólares!, que supone una facturación 43 veces mayor a la de Apple, la mayor empresa del mundo. Todas estas actividades, por tanto, hay que normalizarlas, visibilizarlas, y sobre todo, concederles la dignidad y la importancia que suponen en nuestro mundo. Las tareas de cuidados son absolutamente imprescindibles para que el resto de tareas y actividades económicas puedan llevarse a cabo, y como tales han de estar reconocidas y remuneradas. Bien, pero hemos de finalizar este bloque tal como lo empezamos, porque el poder empresarial constituye por sí solo quizá el principal inconveniente para revertir la arquitectura de la desigualdad laboral. No podemos seguir tolerando que los directivos, gerentes, accionistas, consejeros, etc., de las grandes corporaciones continúen alcanzando sus millonarias retribuciones, mientras llevan a cabo ERE, ajustes de plantilla, congelaciones salariales, subidas de sueldo mínimas, o masivas deslocalizaciones de sus sedes o sucursales. 

Tomo datos a continuación, por constituir un ejemplo paradigmático de lo que decimos, en este artículo de Antonio M. Vélez para eldiario.es, donde titula que "Los consejeros del IBEX se subieron el sueldo medio en 2017 cuatro veces más que a los empleados". Y así, la retribución media de los gestores ascendió, según el sindicato CC.OO., a 786.000 euros, lo que supone un 15,8% más, mientras que el salario medio de los empleados creció tan sólo un 4%, hasta 34.600 euros. Los ejecutivos pasaron a embolsarse 86,6 veces la retribución media de un empleado, frente a las 60,9 veces del año 2016. Estas diferencias no son socialmente aceptables. Esta manifiesta desigualdad laboral no hace sino incrementar profundamente todas las brechas que ya hemos venido comentando. A todo ello hay que unirle las crecientes condiciones de precarización laboral que hemos enumerado en anteriores entregas (exagerada temporalidad, horas extraordinarias no pagadas, empleos a tiempo parcial, falsos autónomos...), lo que dibuja un panorama ciertamente desolador. Por tanto, a la luz de estos escandalosos datos, volvemos a insistir en un asunto ya también tratado a la luz de la implantación de la RBU, como es la existencia de una Renta Máxima, es decir, de asignar unos topes máximos (SMAXI) y mínimos (SMINI), tanto para empleados como para directivos empresariales. Son verdaderamente extravagantes (en realidad debieran ser consideradas delictivas y criminales) las retribuciones percibidas por los dirigentes de las grandes corporaciones. Y además, tienen la indecencia de proclamar públicamente que los salarios mínimos deben moderarse, que los incrementos salariales deben estar en función de la productividad, o que los planes de pensiones públicos son inviables, precisamente ellos/as, que se embolsan sumas millonarias en concepto de indemnizaciones y pensiones vitalicias. Sus ingresos son varios cientos de veces (y en algunos casos más de mil veces) superiores al salario promedio percibido por los trabajadores y trabajadoras de sus respectivas empresas. 

Esta extravagante y perniciosa desigualdad en la percepción de rentas sólo se puede entender en clave de privilegios, y de relaciones de poder e influencia. El poder empresarial, de los ricos, de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones es precisamente la barrera que hemos de eliminar para dotar de un mayor empoderamiento a la clase obrera en general. Hoy día, además, estos grandes poderes económicos no suelen controlar únicamente una sola esfera de poder, sino que lo extienden a numerosas facetas, tales como los medios de comunicación y los bancos, dos actores muy relacionados y muy poderosos para consagrar la arquitectura de la desigualdad (los primeros creando opinión pública, y los segundos controlando los préstamos que el resto de corporaciones y los Estados necesitan). Pero se trata de unas retribuciones que nada tienen que ver con el supuesto "capital humano" que aportan, o su contribución a la productividad del trabajo. Nada de eso. Sus ingresos, sobre los que ellos mismos deciden (constituyendo una escandalosa endogamia oligárquica), alimentan tanto los mercados financieros como el lujoso consumo, y representan un factor de descapitalización y empobrecimiento de las empresas que dirigen, incidiendo por supuesto en disparar la arquitectura de la desigualdad. Pensemos por ejemplo en la Caja Madrid de la época de Miguel Blesa: todo un conglomerado empresarial constituido para enriquecerse de forma ilícita, desarrollando mecanismos de retribución descontrolados e ilegales, mientras desahuciaban a familias enteras, o engañaban a ahorradores de toda la vida, sobre todo personas mayores, haciendo que participaran de la gestión de productos financieros tóxicos. Todo un conjunto de actividades delictivas y condenables, que extienden el manto de la desigualdad por todos los sectores que atraviesan. 

Existe un último factor laboral que hoy día consagra la desigualdad: la edad de los trabajadores y trabajadoras. Durante los últimos años, estamos asistiendo también a una clara discriminación laboral según la edad, de tal forma que se prima la capacidad, la experiencia y la trayectoria profesional de los candidatos jóvenes sobre la de los mayores, digamos, de 45 años en adelante. Y así, asistimos hoy día a un escenario ciertamente preocupante: personas de 45, 50, 55 y más años, tremendamente útiles, válidas y capaces para sus respectivas áreas de actividad, con gran experiencia acumulada, que son completamente desechados/as por las empresas, en favor de candidatos y candidatas más jóvenes. Este hecho afecta tanto a hombres como a mujeres, y además se une la fuerte pérdida de protección social que estas personas padecen, ya que cuando el tiempo de desempleo crece, y dura ya varios años, estas personas han consumido ya todos los itinerarios de prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, quedando absolutamente desprotegidos, sin ningún tipo de ingresos, teniendo muchos de ellos y ellas, ciertamente, cargas familiares a sus espaldas. Todos los tipos de empresas practican esta pauta de conducta muy clara, que podríamos resumir y enunciar como la expulsión de los mayores del mercado de trabajo, y una deriva en la concentración del empleo por grupos de edad. Solo daremos una cifra como referencia: en las empresas del IBEX-35, los mayores de 50 años representan únicamente el 15% del empleo total. Hemos de revertir también esta peligrosa tendencia, y volver a recuperar la actividad de todas estas personas, por supuesto comenzando por no dejarlas sin protección social. En este sentido, volvemos a recuperar aquí la importancia de la Renta Básica Universal (RBU), con la dimensión, significación y alcance que aquí hemos expuesto, como baza fundamental para no continuar causando sufrimiento a todo este segmento de población. Bien, creemos haber tratado en este bloque de la serie todos los aspectos que configuran y contribuyen a la desigualdad laboral, aunque seguro que algún aspecto se nos habrá quedado pendiente. Lo trataremos en artículos independientes. Finalizamos aquí este bloque temático, y en la próxima entrega comenzaremos el siguiente, dedicado a la pobreza infantil.